A 16 meses de su desaparición forzada: ¿Dónde están los 43?
Imagen: FronteraD Revista Digital
Por Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ y David Pérez
El 10 de octubre del 2014, un número nutrido de europarlamentarios dirigió una carta a Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana. En la misiva solicitaron información sobre los hechos ocurridos durante la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre, cuando tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, al sureste del país, fueron presuntamente asesinados por la policía en la ciudad de Iguala y 43 estudiantes fueron desaparecidos. Los legisladores europeos exigieron que se presentaran con vida a los 43 estudiantes que llevaban varios días sin conocerse su paradero. Todo esto ocurrió, según señalaron, en presencia de la policía local, federal y de las fuerzas militares mexicanas -en particular del batallón de infantería 27 y el 3er. batallón- una unidad de fuerzas especiales que tiene sus cuarteles muy cerca del lugar de los hechos y que está a cargo, entre otras cosas, de las tareas de inteligencia.
A inicios del año 2015, el Procurador General de la República de turno, Jesús Murillo Karam, luego de una investigación realizada por la institución a su cargo, señaló que los normalistas estaban muertos y que habían sido calcinados en un basurero en la localidad de Cocula. Esto fue declarado por el Procurador como “verdad histórica”. Según su versión, se trató de “una acción criminal de delincuentes organizados en complicidad con las autoridades municipales que mataron, incineraron y arrojaron al río a los jóvenes, sin dejar rastros posibles de identificar o confirmar (Proceso 2047)”.
Ante las inconsistencias de la versión del Procurador, por petición de los papás de los alumnos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para cooperar en las investigaciones iniciadas por el estado mexicano.
El informe presentado en septiembre del 2015 por el GIEI señaló que los futuros profesores de escuelas rurales, varios de ellos pertenecientes a grupos originarios, no fueron asesinados en el basurero de Cocula, y apuntó de acuerdo con los expedientes oficiales, que los militares tuvieron conocimiento del trayecto de los estudiantes el día de su desaparición. Recientemente el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, confirmó dicha información mediante el análisis de los videos grabados por las cámaras de seguridad de la ciudad de Iguala. Hasta la fecha el gobierno mexicano no ha facilitado que el GIEI entreviste a los militares.
Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, ambas integrantes del GIEI, denunciaron que grupos vinculados a intereses económicos y cúpulas políticas, han iniciado una campaña de desprestigio en su contra. Entre otras acciones, es relevante la conferencia realizada el 12 de enero de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, universidad de inspiración cristiana, en la que participó el militar colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, sentenciado por desaparición forzada en su país y liberado cinco años después en un proceso muy cuestionado.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) que agrupa 700 mujeres intelectuales y activistas de países como Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, informó que “ambas ex-fiscales han sido reconocidas a nivel internacional por investigar crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales; así como por juzgar y denunciar la corrupción en sus respectivos países, juzgando principalmente a actores poderosos como los militares, narcotraficantes, políticos, abusadores sexuales, entre otros, logrando sentencias históricas sin precedente”.
En la situación actual de México, donde hay más de 24 mil personas desaparecidas desde el año 2006, la forma en que se resuelva el caso de los 43 estudiantes resulta de vital importancia, entre otras razones, porque la evidencia que acompaña a las primeras conclusiones del GIEI señalan la participación de alguna manera del estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno y la de las Fuerzas Armadas.
En la situación actual de México, donde hay más de 24 mil personas desaparecidas desde el año 2006, la forma en que se resuelva el caso de los 43 estudiantes resulta de vital importancia, entre otras razones, porque la evidencia que acompaña a las primeras conclusiones del GIEI señalan la participación de alguna manera del estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno y la de las Fuerzas Armadas. De asumir esta realidad con sus debidas consecuencias, podría significar un cambio de paradigma en la sociedad mexicana: el Estado, como parte del ejercicio de sus funciones, debe hacer justicia inmediata en este caso y al resto de víctimas de desaparición forzada, sin que los afectados tengan la necesidad de acudir a instancias internacionales. Con ello renovaría la capacidad como nación de aplicarse a sí misma la ley que ha prometido cumplir y proteger.
Asimismo, la sociedad mexicana se encuentra frente a una oportunidad histórica, la de autoexigirse una forma de gobierno que asuma responsabilidades, reconozca sus delitos y repare los daños cometidos a la población. Esta meta significaría que los mexicanos respondan a su función como parte del Estado, y que los servidores públicos, reconozcan su obediencia a la verdad. En países de América Latina, África y Europa del Este donde ha existido un grado de violencia como el que existe en México, han tenido que pasar décadas para que sus sociedades tengan acceso, parcial al menos, a una forma de justicia. Así, dictadores, generales y servidores públicos han sido sentenciados incluso después de muertos. Sería histórico que la sociedad mexicana lograra que la actual administración federal, reconociera las violaciones a los derechos humanos realizados en su mismo periodo de funciones.
Para que ocurra es necesario tener en cuenta que el Estado, en una de sus definiciones más básicas, es el pacto de los ciudadanos. Además, tener la conciencia que todo ciudadano es responsable de la actuación de los funcionarios públicos. La ciudadanía también es el Estado, no son cosas distintas, por lo que las y los ciudadanos debemos hacernos responsables de la forma en que actúa el gobierno que nos representa en cada periodo.
Esta responsabilidad ciudadana se traduce en la fuerte presencia en el espacio público. Por un lado, es necesario robustecer las manifestaciones mensuales que se realizan para demandar la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada. Por otro lado, es fundamental crear y fortalecer los observatorios ciudadanos de los municipios de país, que monitorean las violaciones a los derechos humanos. Así también, se debe impulsar desde estos observatorios las leyes estatales para que las resoluciones de estos organismos humanitarios sean vinculantes. Con esto, se permitiría la real participación de la ciudadanía en la gestión del municipio en este tema específico.
¿Por qué aun no conocemos la verdad y por qué decimos que el gobierno obstaculiza el llegar a ella? El martes 27 de enero de 2015, el procurador Murillo Karam a nombre del Estado, presentó su “verdad histórica” basada en la declaración, hecha y registrada fuera de la legalidad, de cuatro presuntos delincuentes detenidos. Se asumió como verdadero lo dicho por ellos sin demostrar evidencia científica que lo comprobara. Se afirmó además que ni el jefe de la policía de Iguala, ni el Ejército participaron de los hechos.
El Congreso del estado de Guerrero concedió al entonces gobernador, Ángel Guerrero, licencia temporal para dejar sus funciones, posteriormente se ratificó la licencia como definitiva. En el primer anuncio de su licencia, el ex gobernador afirmó que previo a los acontecimientos, se notificó a las fuerzas federales de posibles nexos del alcalde de Iguala con grupos de narcotraficantes; además, señaló ese mismo día que desde las primeras horas del 27 de septiembre envío al lugar de los hechos a personas de las distintas dependencias, ejecutivas y judiciales. Todo esto se detalla en el informe presentado al Congreso de la Unión y a las Comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos.
A nivel estatal hasta el día de hoy, no se ha señalado a ningún responsable de nada, ni siquiera de omisión. Ángel Aguirre goza de una muerte política que lo exculpa.
Las investigaciones de GIEI han demostrado que es científicamente improbable que los hechos ocurrieran tal como lo dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR). Se han encontrado indicios de tortura previa a la declaración de los detenidos; también está probado que la policía local y el Ejército conocieron los hechos, pues hay registro de que recibieron llamadas de auxilio. Se ha cuestionado por qué la PGR no ha hecho públicos los videos que evidencian la participación de cuerpos policiales. Asimismo, hasta ahora no se conoce por qué en las investigaciones del gobierno se omitió la mención de uno de los camiones involucrados en la desaparición de los jóvenes. Cabe recordar que como resultado de la falta de fundamentos de la “verdad histórica”, el Procurador tuvo que ser removido de su cargo.
La experiencia de las distintas transiciones de las dictaduras a las democracias en América Latina, nos ha enseñado que la vigilancia y la rendición de cuentas de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales son un elemento clave en los procesos de consolidación de instituciones justas al servicio de la sociedad. No hay tiempo que esperar. México puede avanzar en la ruta correcta si así se lo propone.
La PGR puede y tiene la obligación de ayudar a llegar a la verdad de lo que ocurrió en Ayotzinapa. En el momento actual del proceso, la exigencia del GIEI hasta ahora es clara: entrevistar a algunos miembros del Ejército Mexicano y ampliar su investigación a los cuarteles militares.
La finitud de la libertad es la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Fuentes:
[1] Dávid Pérez Ortiz es mexicano, sacerdote diocesano. Maestro en Historia de la Sociedad Contemporánea por la Universidad Iberoamericana Torreón. Twiter: @davidsecular
Ana Langner. “No hay verdad histórica en caso Iguala: CIDH.” El economista, 6 de septiembre del 2015.
Anabel Hernández. “El video escondido de la noche de Iguala.” Proceso No. 2047, 23 de enero del 2016.
Blanche Petrich. “Pendientes, 47 por ciento de las peticiones de información del GIEI.” La Jornada, 30 de junio del 2015.
Carta de Miembros del Parlamento Europeo Respecto a caso Ayotzinapa en http://reddh.org/?p=3658 consultada el 20 de enero del 2016.
Luis Orlando Pérez Jiménez. “Ayotzinapa: una mirada ignaciana ante la crueldad y la barbarie.” Revista Magis, 24 de octubre del 2014.
Patricia Dávila. “Los normalistas están muertos; fueron calcinados”: Murillo Karam. Proceso No. 2047, 27 de enero del 2015.
San Juana Martínez. “Nos persiguen porque incomoda el trabajo del caso Iguala: Buitrago.” La Jornada, 17 de enero del 2016.
