A 45 años del Comité Pro Paz: la Iglesia, defensora de los DD.HH.

El jesuita Fernando Salas recibió a principios de octubre de 1973 una llamada inesperada. Lo citaban a una reunión en el Arzobispado de Santiago. En el encuentro, el Cardenal Raúl Silva le pidió hacerse cargo de un proyecto que surgía con urgencia en esos días para responder a los hechos que se desataban tras el Golpe de Estado: Recibir a todas las personas que reportaban la detención de un familiar por parte de agentes de la dictadura. Nacía así el Comité Pro Paz. Desde los primeros días de octubre, el Comité abrió sus puertas para recibir a todos quienes denunciaban los hechos de represión del régimen. Para ello, contaban con un equipo de jóvenes religiosas, abogados y asistentes sociales, bajo el mando del jesuita Salas.

La relevancia del trabajo del Comité Pro Paz está presente hoy, sobre todo en el proceso de Justicia Transicional que está viviendo Chile. Los archivos han sido parte fundamental en el proceso de investigación para las comisiones de Verdad: Rettig y Valech. Así también, estos documentos han sido piezas clave para fundamentar la investigaciones sobre casos de crímenes perpetrados en tiempos de dictadura.

A los pocos meses de trabajo, y bajo la dirección del jefe del Departamento Jurídico del Comité, el abogado José Zalaquett, se inició la defensa legal de los perseguidos. La entregaban a los detenidos en los Consejos de Guerra e interponían recursos de amparo por cada uno de los denunciados en el Comité. De hecho, en marzo de 1974, interpusieron un recurso “masivo” por 131 personas. El cúmulo de informaciones sobre los detenidos que se fue recolectando sería parte del archivo de Derechos Humanos más relevante de los años de la dictadura. Las asistentes sociales cumplieron un rol relevante en esta institución: ellas fueron las que recibieron, escucharon y contuvieron a los familiares de las víctimas. Ellas les motivaron a conocerse, y a trabajar juntos en talleres, que posteriormente darían origen a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD.

El Comité debió cerrar luego de las presiones directas de Pinochet; pero el Cardenal Silva, consciente del trabajo realizado, creó la Vicaría de la Solidaridad, una institución que se sumaría a la estructura de la Iglesia de Santiago. De esta forma, el personal y los archivos, además de la experiencia en el trabajo realizado, pasaron a ser parte de la nueva Vicaría.

La relevancia del trabajo del Comité Pro Paz está presente hoy, sobre todo en el proceso de Justicia Transicional que está viviendo Chile. Los archivos han sido parte fundamental en el proceso de investigación para las comisiones de Verdad: Rettig y Valech. Así también, estos documentos han sido piezas clave para fundamentar la investigaciones sobre casos de crímenes perpetrados en tiempos de dictadura. Lamentablemente, estos archivos del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad fueron trasladados durante el actual arzobispado, y hoy se encuentran en el patio de una parroquia en la zona oriente de Santiago. Estos valiosos documentos, que dan a conocer los relatos de una Iglesia que se puso al servicio de los perseguidos, no merecen estar confinados en el patio de una parroquia.

A 45 años de la creación del Comité Pro Paz, el trabajo de defensa de los Derechos Humanos realizado por curas, monjas, abogados y asistentes sociales, entre otros profesionales, es un ejemplo de valentía y compromiso con aquellos que sufrían una violación de sus derechos. Este testimonio, además, interpela a la Iglesia actual, sumergida en una grave crisis, para continuar este trabajo al servicio de los perseguidos, defender los DD.HH. y acoger a quienes está sufriendo una violación a sus derechos fundamentales.

 

Foto: Arpillera Cueca Sola, página Conflict Textiles http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/

Archivo de la Vicaría de la Solidaridad: http://www.archivovicaria.cl

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3547.html

Serie los Archivos del Cardenal: https://www.cntv.cl/los-archivos-del-cardenal-primera-temporada/cntv/2016-03-16/095230.html

Abogado de la Universidad Alberto Hurtado y Master en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Jurídico del Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

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