Abusos sexuales y tortura: una segunda audiencia

“Francisco ha expresado la necesidad de una reforma para una iglesia ‘enferma’ y una cultura clerical que se centra demasiado en sí misma. Estamos seguros que está empezando a comprender que la raíz del escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia, es la podredumbre y la corrupción de una cultura clerical que es la antítesis del Evangelio”.

Editorial del periódico “National Catholic Reporter”.

(cc) radiovaticana.va

(cc) radiovaticana.va

Este año, la Santa Sede ha sido evaluada por los comités de supervisión de dos de los tratados internacionales que voluntariamente ratificó. El primero de ellos es la Convención de los Derechos del Niño y el segundo, la Convención contra la Tortura y todo tipo de tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes.

Los Estados partes de cualquier tratado internacional, son sometidos a control periódico por parte de un Comité de expertos de Naciones Unidas, que revisa el cumplimiento de los mismos y somete a los Estados a un proceso de reporte cada cuatro años. Lo acontecido este año ha sido calificado por muchos como un hecho inédito en la historia diplomática de la Santa Sede, ya que dos de sus representantes -Silvano Tomasi y Charles Scicluna- respondieron públicamente a las preguntas que el Comité formuló respecto a los informes recibidos por parte de la Santa Sede y distintas ONG de la sociedad civil.

Como ciudadanos y miembros de la Iglesia, hemos revisado las observaciones que ambos Comités han recomendado, y escribimos, respecto de la primera audiencia, nuestras impresiones y observaciones. En ese entonces, sugerimos que los tres grandes desafíos para la Iglesia, se relacionarían con mejoras en sus políticas de transparencia -tanto con el manejo de los casos y denuncias como con la información disponible para efectos de los juicios y sanciones-, la implementación de medidas de reparación concretas para las víctimas, y la extensión de su responsabilidad y jurisdicción fuera del territorio del Vaticano. Respecto de esto último, las observaciones del Comité contra la Tortura son claras. Ya las revisaremos.

Contra la Tortura

Los días 5 y 6 de mayo de este año, la Santa Sede fue sometida a revisión por parte del Comité contra la Tortura de la ONU. A fines de mayo, el Comité hizo públicas sus observaciones y recomendaciones, con el fin de garantizar que todas las instituciones que dependen de la Santa Sede implementen de manera completa sus obligaciones en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura y todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto último se traduciría en la implementación de un sistema eficaz de prevención, investigación y sanción para todo funcionario que dependa directamente de su supervisión y que transgreda los acuerdos establecidos en la Convención.

¿Cuáles fueron los aspectos destacados? El Comité reconoció los esfuerzos comprometidos en la revisión de la legislación vigente en materias que son relevantes para la Convención, así como los esfuerzos por implementar reformas a sus políticas, programas y medidas administrativas que garanticen el cumplimiento de la Convención. Entre otros aspectos (números 4 – 6 del Informe):

  1. El Comité destacó las reformas establecidas por Francisco al código penal del Estado de la ciudad del Vaticano, introduciendo el delito de tortura y una definición más amplia de la categoría de crímenes contra menores de edad, entre ellas: la venta y reclutamiento de niños, la explotación sexual comercial infantil, la violencia sexual y la producción y posesión de pornografía infantil.
  2. Valoró que la Congregación para la doctrina de la fe haya emitido una circular de ayuda a las Conferencias Episcopales, con el fin de elaborar directrices para tratar los casos de abuso sexual perpetrados por los clérigos, destacando, además, la creación de la Comisión Pontificia para la protección de menores.
  3. Finalmente, el Comité destacó la declaración que hizo el Papa Francisco, en la cual  reconoció el daño causado por algunos sacerdotes a los y las menores que han sido víctimas de abusos sexuales.

Recomendaciones del Comité

A juicio del Comité, la Santa Sede aún no reconoce su responsabilidad sobre aquellos actos perpetrados fuera de la ciudad del Vaticano. En esto, la ONU es explícita al señalar que existen diferencias en la interpretación del tratado y su adecuación a las políticas de funcionamiento implementadas por la Santa Sede, solicitando que sean debidamente ajustadas con el fin de garantizar la prevención, investigación y sanción de los delitos prohibidos por la Convención contra la tortura.

Considerando la estructura jerárquica de la iglesia católica, resulta esperable que la Santa Sede responda por muchos de los actos y omisiones que vulneran la Convención y que ocurren en las diócesis y congregaciones a lo largo del mundo.

Respecto a lo anterior, resulta fundamental atender a las recomendaciones del Comité en materia de responsabilidad, ya que lo que suele escucharse como argumento en muchos de los casos de abuso sexual que hemos conocido por la prensa es, precisamente, que la Santa Sede no sería responsable de aquello que sucede en las diócesis, congregaciones e iglesias locales que dependen de ella. En este sentido, las recomendaciones son muy importantes, ya que no queda a discreción de los Obispos el manejo de los casos y los procedimientos que debiesen ser implementados frente a las denuncias. Así, el Comité fue explícito en que la jurisdicción de la Santa Sede abarca todos los funcionarios de la Iglesia y todas las personas actuando en función pública, o “bajo apariencia del derecho del Estado” – eso sería posiblemente todas las personas ejerciendo funciones según el derecho canónico – deben ejercer esta responsabilidad (número 10 del Informe).

Si el problema es de interpretaciones, el Comité fue claro al definir lo que consideran por “responsabilidad” y “funcionarios públicos” del Estado del Vaticano (número 8 del Informe): “El Comité recuerda que las obligaciones del Estado parte -en virtud de la Convención- recaen sobre [las acciones y omisiones] de todos sus funcionarios públicos”, vale decir 1) miembros, funcionarios y personal de los distintos órganos de la Curia Romana y de las instituciones conectadas a ésta; 2) los delegados papales y el personal diplomático de la Santa Sede.

Con todo, el Comité aclaró que los tratados de derechos humanos a los que la Santa Sede ha suscrito, aplican más allá del territorio del Vaticano y su responsabilidad se entiende en todos los espacios y relaciones personales donde la Santa Sede tiene control efectivo sobre lo que está ocurriendo. Considerando la estructura jerárquica de la iglesia católica, resulta esperable que la Santa Sede responda por muchos de los actos y omisiones que vulneran la Convención y que ocurren en las diócesis y congregaciones a lo largo del mundo.

Definición de tortura.

La Convención contra la Tortura no solamente prohíbe formas de tortura como las que conocimos en Chile durante y después de los horrores de la dictadura y la recopilación contenida en el Informe Valech. También cubre los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la violencia sexual, psicológica o física que no alcanzan el nivel de gravedad requerida para constituir actos de tortura. Además, “el Comité recuerda que el artículo 4 de la Convención exige a los Estados partes garantizar que ‘toda tentativa de cometer tortura y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura’ es un delito en su legislación penal” (número 9 del Informe).

Aun cuando la Santa Sede no considere a los abusos sexuales como formas de tortura, las preguntas a las que fue sometida durante la audiencia, en conjunto con las recomendaciones del Informe, hacen suponer que para el Comité sí pueden llegar a serlo, dependiendo de la gravedad y evidencia. Al menos en lo que respecta a los casos de violencia sexual y violación por parte de clero.

La reparación del daño.

Así como lo hizo el Comité de los Derechos del Niño, los expertos de la ONU insistieron en la necesidad de reparar el daño causado a las víctimas que han sido objeto de actos y omisiones que la Convención sanciona como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La reparación es un derecho de las víctimas. El derecho internacional lo contempla en cuatro formas: reconocimiento de los hechos (el derecho a la verdad), las disculpas públicas por parte del Estado, la reparación monetaria, y las garantías de no-repetición. Nos enfocamos aquí en la primera forma. Ésta aplica, por sobre todo, a dos dimensiones que son escasamente consideradas por las personas e instituciones responsables de dispensar los gestos y actos reparatorios: la primera de ellas alude a los hechos tal como sucedieron, y la otra a las maneras en que esos hechos son relatados y trasmitidos. Además de lo anterior, se agrega la complejidad que para que la reparación tenga sus efectos, debe ser ejecutada por parte de quienes perpetraron los abusos, incluyendo en esto a quienes encubrieron los crímenes. Esto último es fundamental.

Cuando la realidad es la del abuso sexual, resulta imprescindible nombrar los hechos como tal y otorgar credibilidad a los testimonios de quienes han sido víctimas (…), asumiendo, siempre, que hay cosas que no se pueden reparar, que el daño y el saqueo experimentados nos hablan de un “real” que nunca podremos borrar, aun cuando pretendan convencernos de lo contrario.

“Cualquier elaboración, incluso ‘reparación’ tanto psíquica como social de esa realidad, no se sostiene sin un necesario juicio de existencia” (Aceituno, 2013, p. 59) vale decir, sin el reconocimiento en palabras de que esos hechos realmente ocurrieron. Cuando la realidad es la del abuso sexual, resulta imprescindible nombrar los hechos como tal y otorgar credibilidad a los testimonios de quienes han sido víctimas. Junto con ello, su inscripción pública a través de gestos y/o actos que materialicen las responsabilidades personales e institucionales implicadas, asumiendo, siempre, que hay cosas que no se pueden reparar, que el daño y el saqueo experimentados nos hablan de un “real” que nunca podremos borrar, aun cuando pretendan convencernos de lo contrario.

¿Cuáles son las modalidades que puede adquirir lo anterior? Dejando a un lado lo correspondiente a los efectos subjetivos que tiene toda medida de reparación, creemos relevante situar como necesario un primer movimiento de reconocimiento y credibilidad de las denuncias y testimonios. Luego de ello, la concreción expedita y eficaz de todas las medidas dispuestas para investigar la gravedad de los hechos. Un segundo movimiento se relaciona con la valoración de los actos, la estipulación de responsabilidades y aplicación de sanciones. Con todo, evitar al máximo la impunidad.

Desde el punto de vista de las víctimas, la función de reparación requiere disponer de los nombres de quienes cometieron los abusos y actuaron como encubridores, ya sea durante el transcurso de los hechos abusivos como durante el proceso de investigación. Víctimas y sobrevivientes de abuso coinciden en que uno de los hechos que produce mayor irritación y desconfianza es el ocultamiento y las resistencias institucionales que dificultan una justa valoración de la verdad que requiere ser restituida. Para muchos y muchas, el proceso no termina con la ejecución de condenas civiles y penales contra quienes resultaron ser victimarios: la situación se prolonga aún más cuando quienes supieron de los hechos optaron por encubrirlos, negarlos y pervertirlos. Por esto es que no bastan las peticiones de perdón individuales ni los juicios civiles o canónicos. Mientras estos no involucren las jerarquías que prefirieron no mirar ni escuchar, estaremos siempre fallando en nuestras intenciones.

Cuando es un organismo de Naciones Unidas el que enfrenta a la Santa Sede y sus representantes, la balanza queda en parte equilibrada ya que, invocando a los expertos y la comunidad internacional, se sanciona públicamente lo que por mucho tiempo se ha preferido resolver en privado.

Y ésta es, quizás, la parte más difícil del asunto: se requiere cuestionar al poder, los contextos que lo facilitan y naturalizan, para que cualquier tipo de acción que se piense como reparativa logre su cometido. Solo cuestionándolo y problematizando sus estrategias, lograremos limitar al máximo sus alcances y efectos, aun cuando creamos que no quedan rastros ni signos visibles de su embestida.

Nos auspicia un ánimo esperanzado y optimista. No solo creemos que la Santa Sede, al menos parcialmente, acusó recibo del juicio público al que fue sometida, sino que creemos que la reparación se está empezando a dar. No solo del lado de la justicia civil y canónica -en el mejor de los casos-, sino también desde el restablecimiento de los vínculos -otrora dañados y transgredidos- entre las víctimas y la sociedad. En todos nosotros está la posibilidad de recrear la humanidad de los vínculos; basta con que esa posibilidad sea debidamente restituida y que la Iglesia no se margine del proceso, en particular respecto del reconocimiento de los actos de encubrimiento. Sin esto, tememos que los esfuerzos que se han hecho y seguirán en desarrollo, seguirán equivocando el rumbo.

 

Referencia:

Aceituno, R. (2013). Sobre la reparación del trauma. En R. Aceituno, Memoria de las cosas (pp. 59-65). Santiago, Chile: Eds. Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Autores: Tomás Ojeda, columnista Territorio Abierto, y Judith Schönsteiner, académica especializada en derecho internacional y derechos humanos.

 

Psicólogo Clínico. Docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) de la Universidad Alberto Hurtado.

Sus columnas en TAbierto

Alemana, vive en Chile y es miembro de la CVX adultos. Cientista Político por la universidad Johannes Gutenberg, de Mainz, Alemania, y Doctora en Derecho por la universidad de Essex, Reino Unido. Académica, especialista en derecho internacional y derechos humanos.

Sus columnas en TAbierto

Importante: Recuerda que, al comentar una columna, aceptas las reglas y directrices de nuestro blog. Todos los comentarios serán sometidos a moderación por parte del equipo editorial.