El rostro humano de la utilidad pública

Parece ser que el  argumento más poderoso del Estado es el  Progreso, la Modernidad y el Bien colectivo. Conceptos que se presumen como buenos y necesarios para el orden justo del país. ¿Es realmente así?

Parece ser que el argumento más poderoso del Estado es el Progreso, la Modernidad y el Bien colectivo. Conceptos que se presumen como buenos y necesarios para el orden justo del país. ¿Es realmente así?

La Ley de Expropiaciones en México tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. Su aplicación tiene como fin último utilizar bienes inmuebles, territorios, o parte de ellos, para el beneficio de la colectividad. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hemos sido testigos del descontento de esta ley, por parte de pueblos originarios campesinos y colectivos de diversa índole. Desde el rostro humano de estos últimos, es necesario reflexionar sobre la validez ética de dicho instrumento jurídico del Estado.

Lo primero que proponemos, es dejar de lado los prejuicios que existen sobre las personas que se manifiestan en contra de la aplicación de la Ley de Expropiaciones. Sin la actitud de apertura y escucha al otro, no hay posibilidad de intercambio de ideas. En la base del grito de protesta está la siguiente pregunta: “¿Por qué nosotros no tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia tierra?”. El Estado, por su parte, responde que indemnizará, es decir, pagará monetariamente la cantidad específica que corresponda, y si no es suficiente, ofrece la posibilidad de discutir jurídicamente dicha expropiación en los tribunales correspondientes.

No solo el Estado está obligado a reflexionar sobre esta ley, sino sobre todo quienes nos mantenemos indiferentes ante el rostro del que protesta. Nuestras decisiones se deberán tomar desde ahí, desde esa casa amenazada y, solo a partir de ahí, buscar alternativas de bienestar universal.

Identifiquemos el rostro de la colectividad que protesta. Se trata de un rostro de coraje y, a la vez, de astucia. Lo primero que brota es la historia común y la relación afectiva con la tierra. “El problema, abogado, es que esta tierra era de nuestros antepasados, y nos la dejaron a nosotros para que nuestros hijos tengan qué comer”, dicen los campesinos afectados. El colectivo argumenta apelando a su pasado, a su presente y a su futuro. Y aquí es cuando surge una segunda pregunta: “¿Acaso todo lo que existe es susceptible de ser cuantificado en dinero?”. La respuesta de los pueblos que protestan es un rotundo no. Pero para el Estado es un tajante . ¿Quién tiene la razón? Supongamos que la tiene el Estado. Imagine usted a una o varias colectividades que han sido inundadas porque se construyó una represa hidroeléctrica, o ponga frente a un pueblo que se convirtió en zona de explotación petrolera o minera, una cadena hotelera de gran renombre. Es más, imagine un pueblo que ahora es una zona industrial. ¿Dónde está viviendo la colectividad que protestaba? ¿En qué trabajan después de la expropiación? El tejido social que existía, ¿se mantiene? ¿Tienen mejores condiciones de paz y seguridad colectiva? ¿Hay posibilidades de heredar “algo para que los hijos tengan qué comer” en el  futuro?

La discusión nos remite a la historia reciente del país. Existe un México que no tiene derecho al bien colectivo, ni a la utilidad pública como beneficio, sino como perjuicio. Hay un México que se sostiene sobre la tragedia, es decir, que vive día a día con la imposibilidad de elegir sobre su territorio y sobre sus propiedades.

El rostro humano de la utilidad pública en México es un pueblo despojado de las condiciones más elementales para vivir: el derecho a la tierra, el territorio y todo lo que sobre él descansa y se recrea. Ordinariamente, las expropiaciones obedecen a obras de infraestructura para el progreso del país. Obras que se traducen en producción de bienes como la energía, derivados del petróleo, minerales necesarios en el desarrollo de tecnología, zonas de descanso para una minoría o zonas para el intercambio y producción de mercancías como aeropuertos o clústers industriales. Parece ser que el  argumento más poderoso del Estado es el  Progreso, la Modernidad, el Bien colectivo. Conceptos que se presumen como buenos y necesarios para el orden justo del país. Sin embargo, la experiencia del progreso en el caso que nos ocupa, nos hace pensar también en el mal colectivo y en el daño histórico-social para el pueblo que padece dicha ley.

Es urgente una racionalidad distinta a la de la Ley de Expropiaciones, en particular en estas situaciones a las que hacemos referencia. Esa racionalidad no construye el mundo, sino que atenta contra él. Además, no solo el Estado está obligado a reflexionar sobre esta ley, sino sobre todo quienes nos mantenemos indiferentes ante el rostro del que protesta. Nuestras decisiones se deberán tomar desde ahí, desde ese ethos, desde esa casa amenazada y, solo a partir de ahí, buscar alternativas de bienestar universal.

Mexicano. Abogado. Estudiante jesuita en la etapa de Teología.

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