“Haciendo del amor un crimen”[1]

“Desde que mi tesis original -que puede haber personas que han nacido homosexuales- fue desmentida por la ciencia, los homosexuales han perdido la discusión en Uganda. Deben rehabilitarse y la sociedad debe ayudarles a hacerlo”. Yoweri Museveni, presidente de Uganda.  Extracto del discurso promulgado en el acto de aprobación de la Ley contra la homosexualidad.

gaysHe seguido durante semanas la discusión que se ha ido desarrollando en torno a la aprobación de proyectos de ley “anti gay” en Nigeria, Uganda e India, así como también lo que ha estado ocurriendo en Kansas, Jamaica y Rusia. En algunos de estos países, se criminaliza la homosexualidad y se tipifica su expresión como un delito. Tal es el caso de quienes se reconocen como homosexuales o se sospecha que puedan serlo, la posibilidad de reunirse, movilizarse y/o informar acerca de sus derechos, y las expresiones de afecto en público, más graves aún si se realizan frente a un niño.

La criminalización de la homosexualidad determina que una cualidad del ser de la persona sea objeto de sanciones, prohibiciones y acciones correctivas, que se justifican desde un discurso de protección que recae sobre la posibilidad de que gays y lesbianas transgredan el orden de una determinada sociedad, sus valores y sus rasgos identitarios. En el caso de Uganda, que comentaré en esta columna, lo anterior se legitimaría desde el supuesto del contagio, la crisis económica y demográfica; supuestos todos que articulan un discurso que posiciona al otro, el homosexual, como objeto de odio, rechazo y violencia.

Hasta aquí, un resumen que explica –desde los hechos e inferencias que son de mi autoría– parte de la discusión que poco o nada han informado los medios tradicionales en Chile, y que podríamos situar al lado de lo que ha estado ocurriendo en Rusia y la ley contra la propaganda homosexual. Los testimonios de uno y otro lado son tremendamente elocuentes y brutales, aun cuando se pretenda hacernos creer que son meras sensibilidades occidentales las que terminan por problematizar una cuestión que, nos guste o no, es materia de derechos humanos. Basta con que una sola persona sea brutalmente violentada y hasta asesinada en razón de su orientación sexual, y/o en fidelidad a un determinado valor nacional o sistema jurídico, para que dejemos de lado nuestros escepticismos ante un marco regulador que nos recuerda, de vez en cuando, el estatuto de persona que tenemos todos y todas, y que es anterior a cualquier otra categoría.

Pasemos a los hechos y lo que se ha informado desde la prensa y Amnistía Internacional.

La criminalización de la homosexualidad como política de gobierno

Según reportes de Amnistía Internacional, 38 de 54 países de África han establecido que la homosexualidad es ilegal y constitutiva de delito. En Mauritania, Sudán, noreste de Nigeria y sureste de Somalia, quienes son declarados “culpables de homosexualidad” arriesgan la pena de muerte.

Según reportes de Amnistía Internacional, 38 de 54 países de África han establecido que la homosexualidad es ilegal y constitutiva de delito. En Mauritania, Sudán, noreste de Nigeria y sureste de Somalia, quienes son declarados “culpables de homosexualidad” arriesgan la pena de muerte.

En muchos de estos países, las personas son arrestadas después de haber sido denunciadas a las autoridades por ser gays, sin que se dispongan de pruebas suficientes que certifiquen la ocurrencia de actos probatorios, sometiendo a los sospechosos a una serie de exámenes anales tremendamente invasivos. Incluso en los países donde no se han implementado los alcances de las leyes “anti gay”, su mera existencia autoriza el cometido de abusos, chantaje y extorsión por parte de la ciudadanía y el cuerpo policial, enjuiciando a las personas como responsables de esparcir el virus del VIH y convertir a los niños en homosexuales. Las lesbianas, por su parte, son más propensas a ser objeto de violencia sexual, sometiéndolas a prácticas de violaciones correctivas que pretenden curarlas de sus inclinaciones homosexuales.

Los casos de Nigeria y Uganda

En mayo de 2013, el Parlamento de Nigeria aprobó un proyecto de ley que no solo prohíbe el matrimonio homosexual sino también las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. El 7 de enero de 2014, el Presidente Goodluck Jonathan firmó el proyecto y anticipó su venia antes que su par ugandés, Yoweri Museveni, quien ratificó ayer, lunes 24 de febrero, el proyecto de ley que el Parlamento de Uganda presentó en diciembre de 2013. A diferencia de lo acontecido en Nigeria, Museveni solicitó la opinión de un grupo de expertos que contribuyeran a dilucidar si la homosexualidad es genética o producto de factores ambientales. En caso que no fuera natural, la ley contribuiría a reformar la expresión de comportamientos considerados como “anormales”, justificando por la vía penal, alternativas de “rescate” y rectificación conductual.

La ley establece sanciones para quienes cometen el “delito de homosexualidad” y para quienes la promocionan, incluyendo por primera vez en su formulación a las lesbianas. Respecto a lo primero, una persona comete el delito de homosexualidad si incurre en actividades sexuales penetrativas con un otro del mismo sexo o si toca (¡sí, del verbo tocar!) a otra persona con la intención de cometer el acto homosexual, distinguiendo entre casos en que la homosexualidad es tipificada como “agravada”, vale decir, si la persona –el delincuente– es portadora de VIH, si comete el delito contra un menor de 18 años, etc. Para todos estos casos, si la persona en cuestión es considerada responsable, arriesga la pena de cadena perpetua.

“¿Quién es un homosexual?”

El 28 de diciembre de 2013, el presidente de Uganda escribió una carta al Parlamento y la comisión de expertos que convocó con motivos de la aprobación del proyecto de ley “anti gay”. En ella explicita sus creencias respecto de la homosexualidad y los riesgos eventuales que supone como posibles para los niños y familias ugandesas. Me permito la licencia de traducir algunas citas de la carta y suspender el juicio que se pueda desprender de sus impresiones. Al menos por ahora. En relación a la pregunta de este párrafo, Museveni señaló: “…un homosexual es alguien que es anormal debido a que una persona normal fue creada para sentirse atraída por personas del sexo contrario, con el fin de procrear y perpetuar la especie humana”. Párrafos más adelante agrega que “la pregunta central en el debate acerca de los homosexuales es: ¿qué hacemos con una persona anormal? ¿Lo/a matamos? ¿Los/as encarcelamos? ¿O podemos contenerlo/a?”, diferenciando claramente entre personas que nacen anormales y otras que se convierten en homosexuales por razones mercenarias, concluyendo que estos últimos sí pueden ser rescatados.

La opinión de la ciencia

Museveni recibió una serie de informes acerca del estado de la ciencia sobre la homosexualidad, específicamente respecto a su origen –genético o ambiental–, las posibilidades de cura y de transmisión vía contagio. Muchos de los reportes fueron descartados por tratarse de estudios e investigaciones de tradición occidental, acogiéndose aquellos que condujeron las autoridades sanitarias de Uganda y que determinaron la aprobación de la ley que Museveni ratificó ayer. En síntesis, sus conclusiones podríamos resumirlas en estos 5 puntos:

1. No hay un gen definitivo para la homosexualidad.

2. La homosexualidad no es una enfermedad, sino simplemente un comportamiento anormal que puede ser aprendido (y des-aprendido) a través de experiencias de vida.

3. En toda sociedad hay un número menor de personas con tendencias homosexuales.

4. La homosexualidad puede ser influenciada por factores ambientales (cultura, religión y presión grupal).

5. Su práctica debe ser regulada como cualquier otro comportamiento humano.

La contraparte presentó sus conclusiones en radical oposición a las sugerencias expuestas anteriormente. Independiente de si la decisión terminó siendo científica, política y/o ideológica, vale la pena reparar sobre un hecho que me parece éticamente condenable y que, ciertamente, explicita mi posición. Si alguna vez cuestionamos el hecho que la ciencia sirviera a fines como los comentados, lo de Uganda es dramáticamente claro: de una decisión que se supone “científica”, se obtuvo como consecuencia la criminalización de seres humanos concretos que deberán pagar con su libertad la expresión de aquello que excede sus posibilidades de decisión. Si esto no nos resulta lo suficientemente convincente, al menos me conforma saber que con esto sí podemos ponderar el impacto de un discurso -el científico- sobre la vida humana de muchas y muchos.

No es solo una cuestión que pasa lejos, en África, Rusia o Kansas: sucede en nuestro país todo el tiempo. No necesitamos escandalizarnos con lo que pasa en otros continentes para darnos cuenta que aquí se movilizan los mismos supuestos que han motivado la criminalización de la existencia y expresión de grupos humanos concretos.

Ahora sí, las conclusiones del informe y sus divergencias respecto de las conclusiones elegidas por Museveni:

1. La homosexualidad no es una patología, una anomalía o desorden mental. Es una variante del comportamiento sexual descubierto en muchas personas alrededor del mundo.

2. La homosexualidad no es una condición de la cual la persona pueda convertirse o curarse.

3. El proyecto de ley afirma querer proteger a los niños y familias de Uganda. Esto pareciera derivar del mito que las personas LGBT suponen un grave riesgo para las familias y los niños, versus personas heterosexuales. No existe evidencia que afirme lo anterior.

4. El proyecto de ley exacerbará la marginación, discriminación y exclusión de personas homosexuales o sospechosas de serlo. Las investigaciones muestran que las leyes o políticas que tienden a aumentar el estigma y discriminación entre grupos de individuos, suelen ser personas con menor acceso a los servicios de salud por temor a ser arrestados, intimidados y violentados.

5. La investigación científica muestra, también, una potente asociación entre abuso y violencia homofóbica, y una mayor vulnerabilidad al VIH. Esto no se debe a una condición intrínseca de la homosexualidad, sino a un efecto perjudicial de la homofobia.

“El derecho a existir no debiese depender de estudios ni investigaciones”

Me gustó esta frase. Interpreta de buena forma mi posición respecto a temas tan complejos como los que intenté abordar a través del caso de Uganda. Pese al horror y lo tremendamente difícil que ha significado para mí leer cada uno de los textos recopilados, valoro enormemente que la discusión parlamentaria se transparente de la forma en que los políticos de Uganda lo hicieron, no solo porque se exponen los supuestos y razones que movilizan las posturas de unos y de otros, sino porque se explicitan los puntos de implicación personal y colectivos que fundamentan la articulación de un discurso que ubica al otro como enemigo y que cuestiona, de paso, su condición de persona.

A menor escala, he escuchado y leído las mismas palabras y referencias en Chile, los mismos supuestos y las mismas aprensiones. A propósito de la discusión acerca del matrimonio, la familia y la adopción, se actualizan algunas de las preguntas que el presidente de Uganda consideró pertinentes responder para efectos de una legislación específica sobre la homosexualidad, destacando, entre otras, la crisis demográfica, la posibilidad del contagio y su impacto sobre los niños. Por otro lado, y a propósito de un seminario que se realizó en Chile el año 2012 en las dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos enfrentamos como país a la posibilidad de pensar una cura para la homosexualidad, así como también aproximaciones que respondían a la pregunta por su origen. Y así, los ejemplos suman y siguen.

No es solo una cuestión que pasa lejos, en África, Rusia o Kansas: sucede en nuestro país todo el tiempo. No necesitamos escandalizarnos con lo que pasa en otros continentes para darnos cuenta que aquí se movilizan los mismos supuestos que han motivado la criminalización de la existencia y expresión de grupos humanos concretos. Las atribuciones de intención no me corresponden a mí hacerlas, así como tampoco explicitar las motivaciones que recubren cada uno de estos discursos. Me preocupa que con esto no reparemos en las semejanzas que por analogía se pueden proponer con los casos comentados, y los aprendizajes que se encuentran disponibles y que nos permitirían ganar en respeto, cuidado y protección respecto de nuestros prójimos.

Hechos como los descritos confirman la necesidad de reparar en la posibilidad de que nuestras creencias, opiniones y supuestos puedan violentar la dignidad de personas y grupos humanos concretos. Cuando la existencia del otro se valora desde la posibilidad de que puede ser curado y que puede contagiarme de algo que desconozco, no puedo prescindir así, sin más, del impacto de dichas creencias sobre los términos de relación que marcarán mi convivencia con esa persona. Y si no logro identificar responsabilidades personales e institucionales, es porque me resulta difícil reconocer en el otro un componente de dignidad que sí reconozco en mí o en mis similares. Y de eso sí creo que podemos rehabilitarnos.


[1] Título del reporte que hizo Amnistía Internacional  en abril de 2013: Making love a crime. Criminalization of same-sex conduct in sub- saharan África. 

Psicólogo Clínico. Docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) de la Universidad Alberto Hurtado.

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