La autoridad del Gran Canciller

“Enseñar y estudiar teología significa vivir en una frontera, esa en la que el Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia, de manera comprensible y significativa. Debemos guardamos de una teología que se agota en la disputa académica o que contempla la humanidad desde un castillo de cristal”. Carta del Papa Francisco al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Argentina.

Al iniciar este artículo, reconocemos que nos sumamos a una amplia reflexión en torno a la decisión ejercida por el Cardenal Ricardo Ezzati sobre la persona de Jorge Costadoat Sj. La información sobre el caso ha estado circulando a través de distintos medios y ha logrado convocar a personas de diversas sensibilidades. La libertad de cátedra, el abuso de poder, la identidad católica y las definiciones de universidad y pluralismo, han sido algunos de los temas comunes en numerosas cartas, columnas y manifestaciones públicas, situación que nos ha permitido interrogar algunos de los supuestos que sostienen nuestra experiencia como creyentes, estudiantes y ciudadanos.

En lo personal, nos sentimos interpelados en dos niveles: en lo relativo al poder y su ejercicio al interior de la Iglesia, y en lo concerniente al catolicismo y sus versiones de “lo oficial”. No queremos perder la ocasión de reflexionar sobre estos asuntos, menos aun cuando sabemos que lo que ha vivido Jorge Costadoat no es excepcional, sino más bien signo visible de una situación que requiere ser comprendida más allá del caso particular.

Lo primero que llama la atención es la manera en que ha sido socializada la información. Cartas, reuniones privadas, filtraciones y correos varios que solo dan cuenta que aquí no se ha actuado con transparencia y en fidelidad a un debido proceso. Para algunos, potestad del Gran Canciller, atributos propios de su investidura y legitimados por los estatutos de una institucionalidad distinta a la del resto de las Facultades. Para nosotros, medida discrecional, arbitraria y abusiva (Ver Declaración Pública). ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, pareciera recaer en el Cardenal, quien, a su vez, apela a una supuesta inmunidad que no la tiene ninguna otra institución dentro de la Universidad. Inmunidad que, dicho sea de paso, no pasa por desconocer la especificidad del estatuto jurídico de la Pontificia Universidad Católica, sino más bien con la forma en que se condujo el Cardenal para efectos de comunicar una decisión.

Francisco admitió que cuando fue Superior de la Compañía de Jesús en Argentina, enfrentó diversos problemas relacionados con su “forma autoritaria y rápida de tomar decisiones”, las cuales se materializaron según criterios que pocos conocían y que, posiblemente, despertó más de alguna duda razonable. Mismas dudas que enfrentamos nosotros ante el juicio emitido contra el profesor Costadoat. Cada vez que el Arzobispo se pronuncia sobre el tema, entrega elementos que nos obligan a preguntarnos por los mecanismos de consulta que utilizó para efectos de su evaluación. Si Costadoat “no se ha ceñido al programa” ni ha entregado los contenidos fundamentales de sus cursos, cabe preguntarse si Ezzati ha participado como oyente de sus clases –lo cual sería poco probable– o si recurre a mecanismos de información no oficiales para concluir que los alumnos han debido estudiar por su cuenta la materia del curso.

La fe debe ser capaz de dialogar con los tiempos y las necesidades que la misma cultura va instalando en la experiencia de los hombres y las mujeres. Si no lo hacemos, si no admitimos que la fe sea interrogada desde el mundo y sus criterios, estaremos siempre defendiéndonos y obstaculizando la acción de Dios en medio de la historia; custodiando nuestros intereses y olvidando a quienes sí necesitan ser defendidos.

Si bien la situación del profesor Costadoat ha motivado que muchos manifestemos públicamente nuestro apoyo, no sería la primera vez que Monseñor Ezzati procede de forma similar en su calidad de “promotor de la santa doctrina”. Nuestro adn clericalista nos impide reparar en situaciones que no han sido visibles ni han adquirido la justa notoriedad que sí han tenido los casos de sacerdotes emblemáticos que han sido investigados por causas que consideramos infundadas, y donde también vimos transgredidos los debidos procesos.

Es cierto que las condiciones sociales y políticas de hoy son distintas a las de otros tiempos, pero las malas prácticas que denunciamos no son muy diferentes de las que acontecen en la Iglesia en temas que no se relacionan directamente con la formación de futuros sacerdotes y religiosas, sino con los que tienen hoy a Juan Barros como Obispo en Osorno. Las complicidades existen y los silencios de quienes pudieron manifestarse son igual de violentos que el autoritarismo y la arbitrariedad de los que concentran el poder al momento de decidir. Si hoy es posible levantarse frente a situaciones tan injustas como las que ha vivido Jorge Costadoat, esperaríamos que la libertad de cátedra –y la lucha contra los abusos– sea defendida con el mismo ímpetu si otro miembro de la comunidad universitaria fuese desvinculado de sus funciones por razones igual de discrecionales y arbitrarias.

Con todo, queda la impresión que no hay nadie que fiscalice, controle o evalúe la misión del Gran Canciller. La lógica de gobierno de la Iglesia en este punto particular, pareciera entender a la Facultad de Teología como una especie de feudo en esta sociedad llamada universidad. ¿Cuáles son las voces consultadas por el Cardenal? ¿De qué formas logra construir su impresión acerca del estilo pedagógico de Costadoat, su enseñanza, lo que dice y no dice en sus clases? ¿Quiénes lo informan de aquello? Algunas pistas las recibimos del mismo Costadoat: “Me consta que hay profesores vigilados (…) Hay temas censurados. Hay gente que suele escribir cartas a las congregaciones romanas de la Educación y de la Fe, y entre los de aquí y los de acá atenazan a la Universidad”.

Un riesgo en el que podríamos caer, es responsabilizar exclusivamente al clero de “nuestras” dificultades institucionales. Al hacerlo, depositamos en la jerarquía de la Iglesia nuestras exigencias de renovación y olvidamos que muchas veces somos nosotros, los laicos y laicas, quienes validamos las formas de proceder que criticamos con ligereza y ánimo progresista. Los defensores de la “verdadera doctrina” están, también, en el mundo civil. Son los que censuran a los profesores en sus clases, los que corrigen la bibliografía de los cursos y los que legitiman el proceder de Ezzati como Gran Canciller; los que tildan a otros de herejes, los que le escriben al Nuncio y creen estar haciéndole un favor a la Iglesia al denunciar a quienes nos inquietan con sus preguntas, y nos cuestionan más allá de las certezas que usamos para defendernos torpemente de un mundo que avanza más rápido que nosotros mismos.

Es la nueva inquisición, disfrazada y despojada de sus ropajes; la que se extiende más allá de la oficina del Gran Canciller y logra entrar al aula, a las Iglesias y las consciencias; en los diarios, las redes sociales y las pugnas entre congregaciones y carismas. El campo de batalla es otro, la lucha es por “lo oficial”, “lo católico” y “lo verdadero”. ¿Cómo entrar en ese juego sino es por la vía del poder y la autoridad? ¿Cómo resistirse creativamente a ciertas versiones de “lo oficial” que sirven, más bien, a la institucionalidad y no a la Iglesia, Pueblo de Dios? ¿Cómo entender a la persona de Jesús en medio de tanto formalismo y apego rigorista?

No existen los abusos sin un contexto que los legitime. El poder de la Iglesia y sus lógicas de funcionamiento deben ser cuestionados al mismo tiempo que intentamos comprender el accionar del Gran Canciller. El Cardenal se debe a una estructura que sostiene y legitima el tipo de decisiones que ejecuta frente a éste y otros casos similares, situación que, de ninguna manera, lo exime de responsabilidad personal. Toda vez que nos abandonamos a fórmulas del tipo “la Iglesia siempre ha sido así, así funciona, por qué te extrañas ahora si sabes que la Iglesia está lejos de ser una democracia”, naturalizamos una situación que, en sus efectos, solo genera divisiones y fracturas al interior de la comunidad. Otros son los temas que debiesen ser custodiados por quien carga con las investiduras de un Pastor: los excluidos, las situaciones de desigualdad e injusticia que nos distancian y atrincheran, la corrupción y los escándalos. Ése es el norte, el sentido que debiese inspirar nuestra denuncia: el Evangelio, la persona de Jesucristo y su Palabra.

La fe no se defiende a punta de acusaciones y técnicas de espionaje. La fe debe ser capaz de dialogar con los tiempos y las necesidades que la misma cultura va instalando en la experiencia de los hombres y las mujeres. Si no lo hacemos, si no admitimos que la fe sea interrogada desde el mundo y sus criterios, estaremos siempre defendiéndonos y obstaculizando la acción de Dios en medio de la historia; custodiando nuestros intereses y olvidando a quienes sí necesitan ser defendidos: los preferidos de Jesucristo, los que orientan la ortodoxia y nos muestran las formas que va adquiriendo ese Dios que pretendemos conocer.

Psicólogo Clínico. Docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) de la Universidad Alberto Hurtado.

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Licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) en los cursos "La Iglesia de Jesús" y "Jesús histórico". Estudiante de Magíster en Ética Social y Desarollo Humano en la UAH.

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