La dieta parlamentaria y el berrinche de los afectados

senado_201028En una democracia representativa como la nuestra, el poder es delegado a autoridades que representan los intereses de la sociedad. Es así como el poder legislativo debiera, por un lado, representar racionalmente los intereses de la ciudadanía y, por otro, ser consciente de que sus decisiones afectan a toda o gran parte de la comunidad. En esta línea, me ha llamado profundamente la atención el debate que se ha generado en torno al proyecto de ley que limitaría la dieta parlamentaria.

Si bien ha habido impulsores y defensores de la iniciativa, lo que más ha llamado la atención de los medios de comunicación y en las redes sociales, son los argumentos de aquellos que se le oponen. Por ejemplo, diciendo que los impulsores del proyecto son jóvenes que hasta hace pocos meses recibían una mesada y que no tienen una familia que mantener. Declaraciones de nuestros legisladores que no están a la altura de la representación de los intereses de la sociedad. Dicha justificación, poco convincente, parece más un berrinche y pone en tela de juicio la capacidad de reflexión de estos parlamentarios, frente a una iniciativa que les atañe directamente. Todos estos argumentos dejan de lado el foco central de la discusión y generan desconfianza en la ciudadanía, pues pareciera ser que cuando a las autoridades les toca ser foco de legislación, la racionalidad pasa a segundo plano.

¿De qué se trata el proyecto? En resumen, en su artículo 62, la Constitución Política de Chile fija la dieta parlamentaria, práctica que los impulsores de la iniciativa consideran debe modificarse, ya que la remuneración de senadores y diputados debiera ser materia administrativa y no materia constitucional. Asimismo, “el principio democrático que informa la estructura del Estado, exige precisamente una identidad entre quienes toman las decisiones (representantes) y aquellos que deciden quiénes las toman en su representación (representados). Esta identidad se ve seriamente dificultada cuando en general las condiciones de vida de representantes y representados se distancian. Actualmente, la dieta parlamentaria asciende a $8.605.477 lo que equivale a 40.5 veces el salario mínimo”. A lo que aspiran los impulsores del proyecto es a reducir la dieta parlamentaria a la mitad, ajustándola para que no sea mayor a 20 sueldos mínimos.

Si requerimos de un cambio sustantivo en la forma en cómo se ordenan los ingresos de la población, ¿se podrá también discutir sobre la necesidad de fijar un sueldo máximo?

Por tanto, la discusión de fondo es un debate ético respecto de las diferencias que presentan las dietas de los representantes y la realidad de la mayoría de sus representados, a quienes sus ingresos no les alcanza para llegar a fin de mes. Impresiona el escándalo que genera entre algunos parlamentarios el hecho de plantear una discusión de este tipo y cómo intentan invalidar el proyecto con argumentos tan poco articulados que hacen cuestionar su legitimidad. ¿Qué pasará con esos argumentos cuándo tenga que discutirse el salario mínimo u otras políticas que afecten a sus representados? ¿Qué tipo de argumentos usarán? ¿La vehemencia aparece sólo cuando los proyectos les afectan directamente.

Resulta lamentable que nuestra clase política hoy esté desprestigiada y desvalorada. Actitudes como las que hemos presenciado los últimos días, no hacen más que reforzar dicho desprestigio. Este proyecto no apunta a resolver las desigualdades de ingresos, pero pone sobre la mesa una discusión relevante. Creo que es una iniciativa que favorece no sólo la percepción que podría tener la ciudadanía sobre nuestros representantes, sino que permitiría ahondar en otras discusiones sobre los ingresos de la población, como por ejemplo, comenzar a discutir sobre la necesidad de aumentar el sueldo mínimo. El emparejamiento de ingresos no sólo debería tratarse de nivelar hacia abajo, sino que también hacia arriba. Si requerimos de un cambio sustantivo en la forma en cómo se ordenan los ingresos de la población, ¿se podrá también discutir sobre la necesidad de fijar un sueldo máximo?

Con esta discusión se abre el espectro para que comiencen a aflorar muchas otras discusiones sobre nuestras desigualdades de ingreso. Frente a éstas, me gustaría que nuestros legisladores no solo opinaran sobre esta y otras iniciativas con igual fuerza, pero que lo hicieran con argumentos racionales y con una mirada a largo plazo. Me gustaría pensar que nuestros representantes -a quienes elegimos- tienen como centro el bien común y los intereses de la mayoría, llevando a cabo una ética política real y verdadera.

Socióloga de la UAH, Magíster (c) en Etica Social y Desarrollo Humano de la misma universidad. Es Directora Ejecutiva de la Fundación Lealtad Chile y fue directora del Centro de Investigación Social de Un Techo para Chile.

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