La (s)elección de los pastores

Cuando el nombramiento de un obispo remece a una diócesis e incluso a un país entero, se esperaría que se discutiera públicamente la idoneidad de la persona que fue nombrada. Ojalá, además, se ponderara antes del nombramiento el impacto que tendrá la reputación del candidato en la vida de la diócesis y de la Iglesia. Es de esperar, finalmente, que nos preguntemos por qué el único obispo que requiere la venia del Estado en nuestro país –el obispo castrense– perdió este respaldo estatal y necesitaba ser reasignado.

Podríamos, en ese sentido, enfocar nuestro debate en una persona y hacerlo con la mayor transparencia posible. Sin duda que esta reflexión es necesaria. Sin embargo, como otros podrán hacer ese ejercicio con mayor conocimiento de causa, quisiera enfocarme en una visión más estructural que transciende las personas –al obispo Barros tal como al nuncio o al comandante en jefe de las fuerzas armadas, o al ministro de defensa-. Quisiera pasar revista a la manera en que se nombran los obispos en la Iglesia Católica.

Actualmente, los obispos se nombran a partir de un procedimiento diplomático entre el cabildo de la diócesis, el nuncio como embajador de la Santa Sede, y el Papa. La última palabra la tiene el Papa, incluso, puede saltarse la terna propuesta por el cabildo. En muy pocos casos, existen procesos alternativos al nombramiento exclusivo papal de los obispos o del nombramiento exclusivo episcopal de los sacerdotes. En tres diócesis de Suiza –Solothurn, St. Gallen y Chur– por ser un país que constitucionalmente se funda en una democracia directa y que abarca todos los ámbitos de la vida, los sacerdotes y asistentes pastorales son elegidos por los fieles en un proceso de votación directa. El resto de los obispos son nombrados por la Santa Sede después de un proceso de elección en el que los cabildos diocesanos tienen la palabra definitiva.

Los elementos democráticos no eliminan necesariamente toda posibilidad del abuso de poder. Pero, a lo mejor, poniendo la decisión en manos de más personas existiría una mayor fiscalización posterior de parte de quienes se hacen co-responsables de la selección.

Esta diversidad tan limitada en una organización que se rige por un modelo de poder que los cientistas políticos llaman monárquico o autoritario, me hace pensar dónde más podríamos encontrar modelos alternativos para seleccionar a quienes toman las decisiones en la Iglesia. Modelos alternativos que nos permitirían reflejar mejor la vocación de servicio que tiene el poder que ejerció Jesús, y cuyo ejemplo nos debiera guiar aun cuando nos movamos en las estructuras de este mundo. Sorpresivamente, una interesante fuente para otros modelos de selección de los líderes es la historia de la misma Iglesia, tal como explica en un reciente libro Hubert Wolf (Krypta).

Así, todos los modelos de administración del poder terrenal de la Iglesia se han comprobado como relativos a lo largo de los tiempos, condicionados históricamente. Durante siglos, los Estados (a través de reyes, emperadores o príncipes) tenían una voz influyente en el nombramiento de dignatarios eclesiales, incluso, de los papas. Aunque no queramos cuestionar la separación entre Estado e Iglesia –gran logro de los tiempos modernos– quiero rescatar la temporalidad de los modos de selección de los obispos. Estos no están grabados en piedra.

Pero  no siempre los cargos de los pastores o líderes de la Iglesia se han establecido desde arriba, desde la elite. Por ejemplo, la tradición monástica elige a sus líderes a través de un discernimiento que involucra a toda la comunidad que ha profesado los votos, en un proceso democrático. En la antigüedad, los obispos fueron elegidos mediante asambleas de fieles, según una lógica muy moderna que el Papa Leo Magno en el siglo V resumió así: “Quien deberá presidir a todos, debe ser elegido por todos”. Solo en el contexto del absolutismo estatal se impuso el modelo de la autoridad exclusiva del Papa sobre el nombramiento de los obispos, petrificado en el siglo XIX.

Seguramente que el proceso democrático tiene sus desventajas. Los cientistas políticos han estudiado y debatido el modelo desde hace siglos. No obstante, actualmente se acepta la idea de que representa el mejor modelo disponible de asignación del poder, y seguramente, un mejor modelo que el autoritarismo, el totalitarismo, o los gobiernos “por gracia de Dios”. Se ha formado la convicción social de que la legitimidad de los líderes necesita el aval por parte de la comunidad, la misma idea que el papa Leo expresó en el siglo V. No basta que uno que ya es miembro de un grupo de líderes llame a otro a pertenecer a este círculo. Conscientes de los peligros y las trampas del poder, nuestro mundo actual valora la voz del pueblo, la voz de quienes sufren las consecuencias del ejercicio del poder, la voz que puede recordar la vocación de servicio a quienes están encargados del liderazgo.

La sociedad moderna no se suele contentar con una legitimidad decretada desde arriba. Se pide participación, rendición de cuentas, transparencia, fiscalización. Especialmente si estos procedimientos no han logrado prevenir el abuso de poder, el encubrimiento de abusos sexuales o, como por ejemplo en la diócesis de Limburg en Alemania, la malversación de dinero. No sabemos si otros modelos podrían eliminar estas situaciones totalmente; lo más probable es que solamente podríamos hablar de mejoras, pero no de una superación completa de estos problemas. No obstante, la baja considerable en la confianza en la Iglesia católica,[1] notoria desde que la sociedad tiene conocimiento de tales escándalos, es otra razón que sugiere que necesitamos pensar en alternativas estructurales.

¿No será el momento de mirar los ejemplos de la tradición monástica que ha sobrevivido muchos siglos más que cualquier modo de administrar el poder territorial de la Iglesia? ¿No será un buen momento para revisar el discernimiento de la Iglesia primitiva para elegir a los obispos que encuentra una nueva modernidad con los sistemas democráticos actuales? ¿No será el momento de recordar la experiencia de los primeros mil años de la Iglesia, cuando los obispos fueron designados en colaboración entre fieles de una diócesis, su clero y los obispos de los alrededores (podríamos pensar hoy en la CECH)? ¿No será el momento de mirar, como buena escuela acorde a los signos de los tiempos, las estructuras modernas de fiscalización y asignación del poder, para revisar la estructura terrenal de la Iglesia?

Es verdad que la autoridad de los obispos, según el modelo de la Iglesia Católica, se funda en la autoridad que Jesús entregó a los apóstoles. No obstante, no hay argumentación lógica que requiera que esta autoridad sea traspasada por designación de arriba. No se contradice la sucesión petrina con la idea que es el pueblo de Dios quien busca la voluntad de Dios acerca de quién debiera liderar una diócesis. O, dicho en otras palabras, a quién se le debiera confiar el cuidado pastoral de la manada. ¿No es que el mismo sucesor de San Pedro se elige, aunque sea desde una asamblea muy restringida de hombres no elegidos por el pueblo?

Dado lo anterior, no pondríamos en juego ningún valor fundamental del cristianismo, ningún misterio de nuestra confesión de fe, del Evangelio, ni siquiera de la autoridad de los apóstoles o la sucesión de Pedro. Más bien, buscaríamos poner los medios que nos permitirían poner un contrapeso a uno de los peligros más reales y concretos a la fe y a la credibilidad y fidelidad de la Iglesia: la falta de accountability, de fiscalización y rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder. No soy ingenua: los elementos democráticos no eliminan necesariamente toda posibilidad del abuso de poder. Pero, a lo mejor, poniendo la decisión en manos de más personas existiría una mayor fiscalización posterior de parte de quienes se hacen co-responsables de la selección. Tal vez, incluso, ciertas cosas no pasarían, como el nombramiento de una persona altamente cuestionada públicamente por males que aquejan a la Iglesia como ningún otro en estos momentos.

[1] Según la Encuesta UDP, el porcentaje de personas que tiene “mucha” o “bastante” confianza en la Iglesia Católica se redujo entre el 2008 y el 2014 de un 43,7% a un 26,2%, pasando por el 24,1% en 2011. Fuente: Encuesta UDP 2014. Según la Encuesta Bicentenario 2013 de Adimark / Pontificia Universidad Católica, el porcentaje de quienes tienen mucha o bastante confianza en la Iglesia Católica, ha bajado de 44% en 2006 a 27% en 2012, repuntando a 31% en 2013. No pretendo que existan relaciones estrictamente causales entre las variables confianza, participación, transparencia, y fiscalización de los liderazgos, pero estipulo que sí están vinculados.

Alemana, vive en Chile y es miembro de la CVX adultos. Cientista Político por la universidad Johannes Gutenberg, de Mainz, Alemania, y Doctora en Derecho por la universidad de Essex, Reino Unido. Académica, especialista en derecho internacional y derechos humanos.

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