Los derechos del niño y la responsabilidad de la Santa Sede

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El 16 de enero, la Santa Sede concurrió a una audiencia pública que convocó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. En la imagen el Arzobispo italiano Silvano Tomasi y el Obispo auxiliar Charles Scicluna, quienes respondieron ante el Comité.

El 16 de enero pasado, por primera vez en la historia diplomática de la Santa Sede, dos personeros de alto rango y experticia –el Arzobispo italiano Silvano Tomasi, representante del Vaticano ante la ONU en Ginebra, y el Obispo auxiliar Charles Scicluna, ex fiscal superior del Vaticano sobre casos de abuso sexual– respondieron a las preguntas de los miembros del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El encuentro abordó los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, las adopciones privadas, los castigos corporales perpetrados por familias y colegios católicos, la visión de la Santa Sede sobre la prioridad de los derechos de los padres por encima del interés superior del niño –contrario a la Convención de los Derechos del Niño–, y el antagonismo entre la complementariedad de los sexos versus la igualdad de los géneros, establecida en la Convención.

Revisando los documentos y las grabaciones de la audiencia, creemos que lo ocurrido constituye una respuesta de la Iglesia a los signos de los tiempos. Si bien aún es tímida en abordar ciertos temas, la contingencia la convoca con prisa a enfrentar los crímenes cometidos en su seno contra menores, y así honrar la promesa de cuidado y protección que voluntariamente han asumido como propia, en su compromiso contra la discriminación y la violación de los derechos humanos. Más aún, creemos que la aparición pública de dos representantes de la Santa Sede ante un órgano de la ONU –así dicho “del mundo”– significa una señal potente para las iglesias locales, las cuales debieran aprender del gesto inaugurado por Tomasi y Scicluna en Ginebra, exponiéndose ante la justicia terrenal de los países donde están instaladas, toda vez que sus autoridades sean requeridas, para lograr, de esta manera, la purificación y conversión que la misma Iglesia y sus miembros requieren.

Contexto

Resulta pertinente clarificar algunos hitos del contexto de la audiencia. Primero, la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional (1990) ratificado por casi la totalidad de los Estados del mundo, que protege el “interés superior del niño” en todos los ámbitos. Para estos efectos, los Estados se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones y deberes.

La Santa Sede fue el cuarto Estado en ratificar la Convención y, como el resto de los miembros, está sometida al control periódico del Comité de los Derechos del Niño, un órgano de expertos que revisa el cumplimiento de las obligaciones del tratado y somete a los Estados a un proceso de reporte cada cuatro años. Los países entregan un informe escrito y público sobre su cumplimiento, y responden en una audiencia pública a las preguntas del Comité. Éste, a su vez, recibe insumos de la sociedad civil que le ayudan a formar una imagen más balanceada de lo que realmente ocurre en los Estados partes. En el caso aquí comentado, destacan los aportes de la agrupación SNAP (Red de Sobrevivientes de quienes han sido Abusados por Sacerdotes), del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) y de la Comisión Nacional de Protección Católica.

La Santa Sede fue el cuarto Estado en ratificar la Convención y, como el resto de los miembros, está sometida al control periódico del Comité de los Derechos del Niño, un órgano de expertos que revisa el cumplimiento de las obligaciones del tratado.

Segundo, según el derecho internacional, la Santa Sede –“sujeto de derecho internacional” –, es la que interactúa con los Estados y con las organizaciones internacionales, como la ONU. Sobre la pregunta respecto a quién(es) representa la Santa Sede, el Comité de los Derechos del Niño determinó que extiende su jurisdicción, aunque no haya control total, –a través de la jerarquía eclesial y el derecho canónico– sobre las iglesias locales.

Esa última visión implica que, al menos en parte, los actos y las omisiones de funcionarios de las iglesias locales son imputables a la Santa Sede, y ella debe responder por estos actos internacionalmente. Aunque suene muy técnica esta discusión, resulta comprensible y atendible lo que exigen las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, a saber, que la Iglesia y su cabeza, el obispo de Roma, asuman la responsabilidad institucional que les concierna. En este sentido, si se adoptara la posición del Comité de los Derechos del Niño, la Santa Sede, y no solamente las iglesias locales, sería responsable, internacionalmente, de proveer reparación a las víctimas, y no podría excusarse con que sean las iglesias las que no cumplieran con este deber.

Tercero, el derecho internacional de los derechos humanos –por ejemplo, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también mediante otros instrumentos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos– tiene su base, su “objeto y fin” en la protección de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Para estos efectos, establece obligaciones de prevención, promoción y protección de los DD. HH., que implican, también, el compromiso de reparación hacia las víctimas. Se trata de deberes que guardan relación con el daño material y moral, así como con la petición de disculpas públicas, el reconocimiento de la responsabilidad estatal y las garantías de no-repetición que aseguren que las mismas violaciones –con respecto a esta víctima en particular, pero también con relación a potenciales víctimas a futuro– no se cometerán nuevamente.

Así las cosas, la subordinación a la justicia terrenal reconoce que la Iglesia se considera de Dios pero en el mundo, es decir, cometiendo errores y hasta graves crímenes. En este sentido, es primordial “dar al César lo que es del César”, en lenguaje de hoy, “dar al juez democrático lo que le pertenece al juez”.

“¡La vergüenza de la Iglesia!”

Con estas palabras el Papa Francisco calificó los escándalos que aquejan a la Iglesia; discurso que escogió en la homilía del día jueves 16 de enero, mismo día en que la Santa Sede comparecía delante del Comité de los Derechos del Niño: “¿Dónde estuvo la palabra de Dios en esos escándalos? ¿Dónde estuvo la palabra de Dios en esos hombres y mujeres?”.

Francisco responde directamente y de manera categórica: “¡Ellos [sacerdotes y religiosas, laicos y laicas] no tenían una relación con Dios! Tenían una posición en la Iglesia, una posición de poder, incluso de comodidad. ¡Pero la palabra de Dios, no!”. Aun cuando no vincule de manera explícita los escándalos con el abuso sexual, asocia los “defectos” del clero y el laicado con la posición que tienen dentro de la estructura de la Iglesia. En definitiva, sitúa los escándalos del lado de los abusos de poder y denuncia, con ello, a quienes autorizan, encubren o cometen sus prácticas abusivas desde su investidura, su ministerio y/o vocación.

Confiamos, con todo, que el buen espíritu que ayudará a la Iglesia a sanarse y crecer en el amor de Jesucristo (…) traiga consigo la justicia y la verdad tan anheladas por parte de las víctimas.

Muchas de las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual coinciden en que los gestos alentadores del Papa Francisco aún no consiguen que la Iglesia se haga cargo de la urgencia que requiere su compromiso sobre políticas que busquen resolver estas situaciones. Respecto de ello, Barbara Blaine y David Clohessy sintetizan parte de las demandas que se hacen oír desde el lado de las víctimas: que la Iglesia asuma su responsabilidad por los crímenes cometidos, por el encubrimiento de sacerdotes e información relativa a los casos que solo fueron denunciados ante las autoridades eclesiásticas; por los bloqueos e interferencias sobre el trabajo de la justicia civil y por el tipo de sanciones elegidas, muchas de las cuales no garantizan la prevención de los delitos, la protección de futuras víctimas, ni el proceso de apoyo y reinserción que, por derecho, necesita toda persona responsable de abusos sexuales.

Una primera acción en pro de la reparación, es el reconocimiento de los hechos, la formulación de sanciones y la petición de disculpas públicas, ya sea por parte de la Iglesia –a través del Papa y/o las autoridades locales– o del lado de la Comunidad Internacional y sus tribunales. En lo que respecta a la Iglesia, el reconocimiento y el perdón no pueden ser formulados de manera general, sino que deben abarcar todas las acciones que comprometieron el cuidado e integridad de los y las niñas confiados tanto a religiosos/as, laicos/as e instituciones, en particular, las prácticas de ocultamiento de información, blindaje y obstrucción de la justicia. Ejemplo de lo anterior sería lo acontecido, con posterioridad a la audiencia en Ginebra, en la Arquidiócesis de Chicago tras publicarse la documentación relativa a casos de abuso sexual perpetrados por más de 30 sacerdotes.

Por muy brutal que parezca, la verdad, ésa que libera, no solo debe ser declarada, sino también materializada en actos que asuman como propio el deber del cuidado y la protección irrestricta de quienes han puesto su confianza en el clero y en la institución que representa.

Desafíos

Después de escuchar la audiencia, tenemos razón de creer que el Comité será claro en sus recomendaciones e intentará ayudar a la Santa Sede y a las iglesias locales, a iniciar un proceso de reforma y reparación hacia dentro y hacia afuera de la institución eclesial. Con esto, se buscará que prime la verdad por sobre cualquier intento por obscurecerla y volverla irreconocible.

A partir de lo establecido por el derecho internacional –misma referencia que utilizará el Comité– creemos que el organismo experto valorará los cambios que se habían introducido durante el año 2013 sobre el derecho penal canónico, y que las recomendaciones se enfocarán especialmente sobre la falta de transparencia que la Santa Sede ha mantenido, incluso durante la misma audiencia, respecto a la publicación de parte de la información que se posee y su uso para efectos del esclarecimiento de los crímenes cometidos y, además, sobre las exigencias de medidas de reparación concretas, como las comentadas anteriormente a propósito de la Arquidiócesis de Chicago. Respecto a esto, el Comité insistirá en la publicación de estadísticas sobre los miembros del clero investigados, acusados o condenados por casos de abuso contra menores de edad. La transparencia, como principio de protección de los derechos humanos, así como un derecho fundamental, será el criterio utilizado para evaluar los avances que se esperan, y las reparaciones que la Santa Sede y las iglesias locales deben a las víctimas.

Esperamos que las recomendaciones del Comité inspiren las reformas que se requieren para concretar, sin ambigüedades, las políticas de cero tolerancia que proclamó Benedicto XVI y que Francisco ha continuado con la creación de una Comisión para la protección de los menores de edad. Esperamos, también, que así como se desarrolló el proceso en Ginebra, se proceda también en los países donde la Iglesia y sus representantes son requeridos a colaborar con la justicia. Confiamos, con todo, que el buen espíritu que ayudará a la Iglesia a sanarse y crecer en el amor de Jesucristo –y que sopla en estos tiempos desde la justicia terrenal– traiga consigo la justicia y la verdad tan anheladas por parte de las víctimas. La que nos hace libres y logra restituir en todos, lo que algunos y algunas brutalmente arrebataron.

Autores: Tomás Ojeda, columnista Territorio Abierto, y Judith Schönsteiner, académica especializada en derecho internacional y derechos humanos.

Psicólogo Clínico. Docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) de la Universidad Alberto Hurtado.

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Alemana, vive en Chile y es miembro de la CVX adultos. Cientista Político por la universidad Johannes Gutenberg, de Mainz, Alemania, y Doctora en Derecho por la universidad de Essex, Reino Unido. Académica, especialista en derecho internacional y derechos humanos.

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