Lo que esconde la fallida cárcel de Alhué: una cuestión de inclusión

(cc) icesi.edu.co

Al tiempo que morían ochenta y un internos en la cárcel de San Miguel a fines del año 2010, el gobierno barajaba la sensata decisión de establecer un plan carcelario que por una parte descomprimiera las grandes cárceles de Chile, y por otra hiciera proporcionales los tipos de cárceles según población y según delitos cometidos.  Dicho más sencillamente: más cárceles, pero distintas para quienes copian y venden CD’s y para quienes cometen homicidios. En San Miguel (y en la mayoría de las cárceles) cohabitan ambos tipos de personas.  Esto configura una verdadera escuela del delito que no le ayuda ni a los internos, ni a gendarmería -que vela por la seguridad y rehabilitación-, ni a la sociedad en su conjunto.  En darle curso a este plan estaba el ministro Felipe Bulnes al momento que dejó la cartera de justicia para asumir la de educación.

Uno de los cuatro lugares elegidos para edificar una cárcel para internos de baja peligrosidad fue Alhué, comuna rural cercana a Melipilla, en la Región Metropolitana. La reacción de la comunidad (como no me cuesta imaginar hubiese sido la de cualquier comuna en Chile), fue de absoluto rechazo. Se bloquearon calles, fueron noticia al inicio de varios noticiarios en el mes de julio: “no queremos a esa gente aquí”. A comienzos del mes de agosto la pequeña comuna realizó un plebiscito para decidir acerca de la instalación de la cárcel. El resultado fue lapidario: el 96% se negó a la instalación.  Solo 32 personas aceptaron que se instalara.

El 16 de septiembre, el Ministerio de Justicia declaró que por razones “técnicas”, la cárcel no sería construida en esa comuna.  El alcalde de la comuna señaló que “cuando la comunidad y sus autoridades se movilizan, se logran conquistas que parecían imposibles”, además de asegurar que “así se consigue respeto y se logran resultados”. Mentira, hipocresía, distorsión del concepto de democracia, egoísmo. Elija usted.

El caso de la cárcel de Alhué, da que pensar en lo qué está escondiéndosenos tras el hecho concreto. Este “triunfo” de una comunidad, (que, repito, podría ser cualquiera), manifiesta una pobre idea de sociedad, un evidente déficit de cohesión social. La radical posición de rechazo que se ha dado frente a la instalación de un recinto cerrado, alejado de la comunidad (11 kms.), y con altos estándares de seguridad, hace difícil pensar que nuestra sociedad  tendrá una postura incluyente hacia quienes en el corto plazo necesitarán ser incluidos socialmente, si acaso no queremos que el ciclo se siga reproduciendo.

Hay poco más de cien mil personas en Chile catalogadas como población penal.  De ellos la mitad están recluidos en una cárcel.  La inmensa mayoría son hombres jóvenes menores de 29 años.  Jóvenes que no tienen su escolaridad completa, y, por supuesto, muy baja o nula capacitación para el trabajo. Muchos de ellos hacen esfuerzos enormes y sueñan por trabajar y dejar de lado un estilo de vida, que no es otra cosa que el resultado de una historia de exclusiones. La verificación de una real justicia social, es la inclusión en sociedad mediante un trabajo digno. ¿Podremos como sociedad darles una oportunidad incluyéndolos mediante el trabajo y el ejercicio de su ciudadanía, si hoy no somos capaces de dársela viviendo encerrados y vigilados las 24 horas del día a 11 kms. de nuestra casa en un ambiente que favorecerá su inclusión posterior? Esperemos por su bien, y el de Chile, que así sea.

* Cristóbal, jesuita, es estudiante de Teología y actualmente colabora en el Centro de Estudios Laborales, de Infocap.

Jesuita. Sociólogo y Master en Teología. Hace estudios de doctorado en Educación en la Universidad de California, Berkeley y colabora en la Red de Colegios Cristo Rey en San José, California.

Sus columnas en TAbierto

Importante: Recuerda que, al comentar una columna, aceptas las reglas y directrices de nuestro blog. Todos los comentarios serán sometidos a moderación por parte del equipo editorial.