Paz en Colombia: De la posibilidad del perdón y la reconciliación

En este artículo presento un breve recuento histórico sobre la situación de guerra en Colombia, a propósito de las últimas noticias sobre la próxima firma -en aproximadamente seis meses, el 23 de marzo de 2016- de un acuerdo de paz, posibilitado gracias los avances de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más conocidas como FARC, que se desarrollan en La Habana, Cuba. Escribo algunos aportes a propósito de las reacciones que se han suscitado al interior de la política colombiana. Deseo expresar en este escrito que es estrictamente necesaria la buena fe de todas las partes, así como la urgente credibilidad y el perdón en el país, para evitar entorpecer los diálogos.

Algo de historia sobre acuerdos con las FARC

No es la primera vez que en estos sesenta años de guerra se realizan conversaciones de paz. El país recuerda que durante el gobierno del presidente Julio César Turbay (1978-1982) se aprobó la Ley General de Amnistía, y se derogó el Estatuto de Seguridad con el que el gobierno había mantenido cierta represión contra las organizaciones y movimientos populares de tendencia izquierdista. Tras la suspensión, surgen en el país condiciones favorables para iniciar un proceso de “cese al fuego, tregua y paz” entre las FARC-EP (Ejército del Pueblo) y el gobierno del recién asumido presidente Belisario Betancourt. Entre 1982 y 1986 se firman los acuerdos de la Uribe y Meta, que originan numerosas desmovilizaciones o armisticios, y que después, en 1990, serían rotos.

Recordamos también, las conversaciones de paz en 1991 del gobierno del entonces presidente César Gaviria con los miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las FARC y el Ejército Popular de Liberación EPL, agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). En Cravo norte, departamento colombiano de Arauca, se efectúa una reunión donde acuerdan realizar conversaciones directas en Caracas, Venezuela. Así, las conversaciones entre las guerrillas del CGSB y el gobierno de Gaviria comienzan en junio de 1991 en la capital venezolana. Luego, los diálogos de paz se trasladaron a la ciudad de Tlaxcala, México, ante el Golpe de Estado de febrero de 1992 en Venezuela. Sin embargo, no se logra llegar a ningún acuerdo.

En 1998, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, se hicieron los famosos diálogos del Caguán con la guerrilla de las FARC, la cual pidió un territorio de dominio amplio en el departamento del Caquetá: una zona de distensión donde el ejército gubernamental no tuviese presencia. El gobierno concedió esas tierras, donde se llevaron a cabo negociaciones que la guerrilla no cumplió; por el contrario, se sabe que delinquió en esa zona con tráfico de armas y drogas. Estos acuerdos, finalmente, fracasaron, tanto por el secuestro de una aeronave con pasajeros en medio de una tregua de paz, como por la inasistencia del máximo jefe de las FARC a la mesa de negociación, donde se sentaba el mismo presidente Pastrana.

Es imperioso continuar con el proceso de paz. Nunca antes habíamos llegado tan lejos; la patria no se puede asustar de lo que se ha logrado hasta ahora, y no debe temer ser generosa con la insurgencia, que, a fin de cuentas, también está conformada por sus propios hijos levantados en armas; aunque tienen métodos que no se pueden compartir, por los grandes daños causados, aunque hace mucho tiempo que perdieron su lucha originada en la desigualdad social.

La centralidad del Perdón

Sin embargo, después de tantas ocasiones por alcanzar la paz, y de tantos inconvenientes por conseguirla, Colombia no cesa en su búsqueda. Hoy, nuevamente, estamos ante un posible acuerdo. Frente a la certera posibilidad de la paz, no puede ser posible que el asunto se polarice, reflejando una visión reductiva de la realidad, y circunscrita nada más que al liderazgo de los dos últimos presidentes del país [1].

Es preciso bajar las banderas de los partidos políticos, los sectarismos, los celos de liderazgo, los protagonismos por conducir facciones que pueden dividir y diluir una posible solución nacional al conflicto. El país se ha desangrado, mientras algunos sacan provecho de la guerra y, aún en el momento agónico del clásico enfrentamiento entre izquierda armada y derecha oligarca, algunos oportunistas quieren reclamar herencias partidistas y recuperar imágenes del liderazgo burdo del pasado. No quieren dejar morir a la antigua Colombia que mataba a sus propios hijos. Es preciso que nazca una nueva patria de las cenizas.

¿Quién dijo que la paz era posible sin un costo político? ¿De donde emerge la idea de creer que reinsertar ejércitos de miles de hombres va a ser posible sin ofrecerles un perdón no solo a los soldados rasos sino también a sus cabecillas y jefes? ¿Qué sociedad moderna ha logrado acuerdos de paz sin ofrecer algo a cambio en la negociación? Y, más aún, ¿cuánto nos ha costado a los colombianos esta guerra fratricida, en términos de vidas inocentes y desarrollo de oportunidades? ¿Es acaso el costo de perdonar más alto que todas esas vidas juntas? ¿Si el perdón puede evitar el avance del monstruo asesino de la guerra, por qué no dar ese perdón?

Los colombianos hemos sido bendecidos con una tierra que mana leche y miel. Todos sabemos que nuestro país es un paraíso si no fuera por nuestra propia contradicción, al no querer vivir como hijos de un mismo Padre. ¿Acaso no hay suficiente riqueza para todos en un país lleno de recursos naturales? ¿Cómo se entiende que Colombia haya tenido crecimiento económico sostenido durante tanto tiempo aun estando en situación de guerra irregular? ¿Qué pudiéramos esperar del crecimiento económico si tuviéramos esa anhelada paz?

Nuestras generaciones nunca han conocido una nación reconciliada. Ya es tiempo de poder vivirlo. Tenemos la capacidad de reconciliarnos los unos con los otros; no es justo para los herederos de la patria que reciban una nación desangrada. No podemos perder este posible acuerdo, que de por sí ya es histórico. Retomo las palabras del que fuera el tribuno del pueblo, don José Acevedo y Gómez, de feliz memoria: “ésta es una ocasión única y feliz”. Continúo con él diciendo: “si perdéis estos momentos de efervescencia y calor… antes de 24 horas seréis tratados como insurgentes, mirad los grillos y las cadenas que os esperan…”.  Creo que es imperioso continuar con el proceso de paz. Nunca antes habíamos llegado tan lejos; la patria no se puede asustar de lo que se ha logrado hasta ahora, y no debe temer ser generosa con la insurgencia, que, a fin de cuentas, también está conformada por sus propios hijos levantados en armas; aunque tienen métodos que no se pueden compartir, por los grandes daños causados, aunque hace mucho tiempo que perdieron su lucha originada en la desigualdad social, aunque perdieron las causas justas… si es que alguna vez las tuvieron.

Colombia_pazPerdonar no es olvidar; la memoria debe permanecer, lo que no debe perdurar es el dolor y el daño asociados al recuerdo. Reconciliarse con el pasado es mirarlo sin amargura… mirarlo, verlo a la cara, y no permitirle que nos hiera. No es cosa que se logre de un día para otro; de hecho, es un proceso que puede ser particularmente largo, y que puede requerir ayuda de otros que puedan aportar. Sobre todo en el caso de la población afectada, el perdón requiere de la reparación material y de la ayuda terapéutica, y, en cuanto al proceso político, de la ayuda de la comunidad internacional para seguir posibilitando las condiciones de negociación. Solos no podemos salir de tanto dolor. Viene bien dejarse ayudar.

Aprovechar la oportunidad

La guerrilla colombiana más representativa en tamaño y efecto violento es el grupo de las FARC, y es esta agrupación con  quien se ha enfocado este proceso de paz. En sus inicios, su causa buscaba conseguir un país con equidad, inspirándose en visiones marxistas de la lucha de clases y de la destrucción de la ideología dominante, opresora de la clase obrera. Hoy, la lucha de la guerrilla ha perdido respaldo en la población, como un horizonte ideológico, debido a grandes errores en su planteamiento y accionar bélico, sobre todo porque ha arremetido en muchas ocasiones contra la misma población civil, por medio de sus clásicas tomas violentas de poblados, las cuales han dejado como resultado horrorosas masacres de población no vinculada al conflicto, sólo con el objetivo de demandar atención del Estado colombiano para exigir alcances políticos.

Otra de las razones por las cuales se ha desacreditado la guerrilla, es porque las FARC se han planteado su propia existencia a partir de estructuras de financiación vinculadas a la delincuencia, como la extorsión, el secuestro, y los negocios vinculados al narcotráfico; es decir, proporcionando seguridad armada a los cultivos ilícitos y, en muchos casos, cultivando y produciendo drogas para venderla en el exterior. Con esta estructura de ingresos, pueden mantener las tropas y comprar armas en el mercado negro mundial, provenientes de Rusia, Cuba, China y otros países pertenecientes al antiguo bloque socialista.

Es sabido que la guerrilla de las FARC no tiene hoy un planteamiento político de horizonte, ni una ideología que resulte convincente para continuar en su lucha armada; es decir, adolece de un sentido profundo que las mantenga plenamente cohesionadas y conscientes de la necesidad de mantener su batalla en contra de la institucionalidad democrática del país. Por esto podemos decir, hoy más que nunca, que vivimos un momento estratégico para negociar, porque están cansados de hacer la guerra, porque están debilitados por el aparato militar del Estado, y porque adolecen de sentido de lucha como causa popular.

El paramilitarismo: la violencia desde la otra vereda

No toda violencia ejercida por grupos armados es culpa de la guerrilla. En el despropósito militar de la guerra, no se quedó atrás el aparato militar del Estado colombiano, el Ejército nacional, amparado en la idea de defender legítimamente la institucionalidad y la ley. El Ejército nacional de Colombia usó toda clase de métodos para combatir la insurgencia, combatiendo, de paso, también a la misma población civil a la cual por principio se debe como institución: esto se evidenció no sólo en los conocidos casos de falsos positivos [2], sino también en las masacres de poblaciones civiles enteras, bajo el descrédito de un falso combate en franca lid. Estos casos han sido juzgados y fallados en contra de la nación, a la cual se le encontró responsabilidad en las personas de altos mandos militares que ya han sido condenados y, en algunos casos, están pagando sus penas.

El país es consciente de la responsabilidad política de los gobernantes, que no han sido enjuiciados ni menos aún condenados, y que todavía ejercen cargos públicos. El país es consciente que han sido imprudentes en patrocinar plenamente esta barbarie mediante grupos armados que han enfilado sus ataques contra la población civil: especialmente los más débiles, a los cuales han desplazado de sus lugares de residencia, para apropiarse de sus tierras productivas, y bajo amenazas reales contra sus vidas.

La opinión pública también está al tanto de que se ha encontrado relación o vínculos estrechos entre el aparato militar del Ejército colombiano y el paramilitarismo nacional, sobre todo en relación a la coordinación de operaciones clandestinas en conjunto. Sin embargo, el ejército colombiano no es la única institución relacionada con los paramilitares en Colombia: también se han encontrado  vínculos de importantes gobernantes políticos, en todos los niveles de organización, que gestaron y patrocinaron -aun con dineros públicos-, la creación y formación de las primeras células paramilitares, en las llamadas Cooperativas Privadas de Seguridad, creadas por parte de grupos de ganaderos en la región de Antioquia, y también conocidas como las “convivir”. Además, contaban con el aval de prestigiosas instituciones sectoriales y privadas, como la misma Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, FEDEGAN, con lo cual se pone en evidencia la responsabilidad no solo de algunas las familias con mayor influencia en el país, sino de importantes dirigentes políticos del Estado colombiano, que cohonestaron esta pesada estructura violenta del paramilitarismo en contra de campesinos y ciudadanos de bien.

Hasta el momento solo algunos de estos dirigentes políticos están pagando prisión, mientras que otros ya han sido puestos en libertad. El país es consciente de la responsabilidad política de los gobernantes, que no han sido enjuiciados ni menos aún condenados, y que todavía ejercen cargos públicos. El país es consciente que han sido imprudentes en patrocinar plenamente esta barbarie mediante grupos armados que han enfilado sus ataques contra la población civil: especialmente los más débiles, a los cuales han desplazado de sus lugares de residencia, para apropiarse de sus tierras productivas, y bajo amenazas reales contra sus vidas. Con esto se ha mantenido una verdadera oligarquía empresarial, con posesión de vastos terrenos para la ganadería extensiva y cultivos de producciones rentables, entre ellos la palma de cera, para la extracción de aceite vegetal.

Ahora bien, el negocio de desposeer a los campesinos de sus tierras resulta tan rentable, que este sistema ha permitido a las grandes familias poseedoras de terrenos y cultivos masivos, financiar con ello campañas de dirigentes políticos funcionales a sus intereses. El paramilitarismo, por tanto, se legitima mediante proyectos de ley que siempre serán aprobados para beneficiar este orden de poder arbitrario, muchos, de estos para-políticos, no quieren verdaderamente paz, y se esconden tras bambalinas.

La lucha por la reconciliación

Si ya hemos perdido tanto con estas guerras sin sentido, no se engañe el país con los argumentos belicosos de políticos corruptos y de elites hacendadas; no permita el país dar crédito a los que buscan destruir el acuerdo, a los que exigen que no se perdone a la guerrilla, ni que se acepten las igualdades de términos jurídicos para los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares y por los alzados en armas, como si fueran diferentes para la ley los agresores de derechos humanos, solo porque pertenecen a bandos contrarios. Los transgresores de derechos humanos deberán ser iguales a la hora de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, sean de donde sean, incluso si son del mismo Estado.

Es trascendental dar el perdón a los que violentamente se han tomado las armas para que las entreguen, ¿acaso no es más provechoso propiciar el desarme? ¿De qué nos sirve la falsa dignidad de mantener posturas justicieras y rígidas que impiden la acogida de nuestros hermanos separados por las armas? ¿Qué vamos a hacer con todo ese orgullo, dónde habrá lugar para ponerlo? ¿Preferimos entonces la continuidad de la miseria del desangre armado? La grandeza del perdón nos hace más humanos, nos permite reconocer al otro en toda su dimensión, posibilita el encuentro, la convivencia, la vida.

Históricamente, la República colombiana, en cuanto a su organización social, ha padecido de un liderazgo lleno de riñas sectoriales y visiones partidistas que han impedido la concertación política nacional. Según el ex ministro del Trabajo e historiador colombiano, Rafael Pardo Rueda, esto ha conducido a más de seiscientas guerras en la historia del país. Por otro lado, según la ex ministra y ex-codirectora del Banco de la República, María Mercedes Cuéllar, cuando alguien en el país está haciendo algo valioso desde la perspectiva comunitaria y en cualquier nivel de organización política, aparece siempre un “otro” que disfruta torpedeando su quehacer, evitando que se den resultados en su gestión, sólo para impedir el que sea reconocido. En Colombia todos nos creemos capaces de liderar el país, todos criticamos las políticas que un líder presenta, incluso todos le decimos al técnico de la selección de fútbol lo que debe hacer: y se lo exigimos a gritos. Allí comienza la anarquía del atraso.

Apoyemos todos, el proceso de paz, cada uno haciendo lo que le corresponde desde su propio rol. Sin embargo, la mayor responsabilidad le corresponde a toda la clase política y empresarial: ellos impulsan la opinión del país, y deben salir de su propio interés, dándose cuenta de qué es lo que le corresponde a un país que está en guerra. Dios quiera que abandonen su orgullo y deseo de sacar ventaja para que nuestra Patria pueda nacer de nuevo.

No podemos permitir que la rabia y el odio se apoderen de nuestras clases políticas; no puede ser posible que nos sintamos representados en declaraciones públicas que descalifican un posible acuerdo de paz. Tenemos derecho a soñar y desear la paz. No pensemos más en proyectos personales de liderazgo, no caigamos en el desasosiego de seguir personas y buscar beneficios particulares: la Patria está primero.

Conclusiones: en torno a la importancia de la unidad en este proceso de paz

Si defiendo el proceso de paz es porque estoy convencido plenamente de que tiene sentido vivir en paz, porque estamos cansados de la muerte. No pretendo defender la gestión presidencial de ningún presidente, ni del de ahora, ni tampoco del anterior; lo que me interesa es hacer notar que en este momento que vive el país, están dadas las condiciones para alcanzar un posible acuerdo, y no sabemos cuándo se volverán a dar estas condiciones.

Tampoco nos debiera interesar si el presidente Santos se llevará la popularidad de haber logrado la paz; en cualquier caso, no será él sólo el artífice, sino el país en su conjunto. Lo que sí nos debe interesar es que la paz se logre y ojalá lo más pronto posible. Para este efecto es conveniente ser utilitarista, al mejor estilo de John Stuart Mill, “el mayor bien para la mayoría”. No nos debe importar el color político que tenga el bien mismo, porque “es necesario evitar el dolor que puede ser evitable”. Lo contrario sería mezquino y egoísta.

Si de verdad nos interesa hacer la paz, si de verdad queremos evitar más dolor, en nosotros debe existir un compromiso de perdón por parte de toda la sociedad civil. No es sólo un asunto del gobierno y de las guerrillas; se requiere un perdón de toda la sociedad. Los empresarios tendrán que pensar si están dispuestos o no a dar empleo a las personas desmovilizadas de las armas, las altas cortes y el Congreso deberán aprobar leyes de transición que les permita el indulto a los alzados en armas, y, en el caso de las víctimas, se debe legislar para aprobar presupuestos de reparación de los daños. Se requiere la creación de políticas sociales que faciliten la inserción en la vida civil, se requiere perdón de la población que ha sido víctima de estos hombres, se requiere compromiso de toda una nación capaz de perdonar y recibir a los alzados en armas.

Los colombianos debemos ser conscientes de nuestro papel en facilitar las condiciones para la paz. Así, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un papel importante en este compromiso, su contribución responsable en este proceso puede evitar la polarización del país entre las dos líneas políticas clásicas de reduccionismo. Que no siempre son liberales y conservadores, sino también gobierno y oposición, los medios deberán tener en cuenta el conjunto de las visiones políticas nacionales y también representar las realidades concretas del sufrimiento del pueblo colombiano, para con ello evitar un desgaste del respaldo nacional a los acuerdos de paz.

En este sentido, es claro que la descalificación intrínseca de la política nacional en nada contribuye al fortalecimiento de las instituciones del Estado, el cual también está representado en la credibilidad del poder judicial, pues de él emanan las jurisprudencias que sancionarán el perdón y el castigo de los alzados en armas en este posible acuerdo. Si la alta política se debilita ahora, con ello se reducirá el alcance que tiene un posible acuerdo. Este es un tiempo de comunicaciones cautelosas, mesuradas y prudentes; está de por medio la vida y el bienestar de muchas personas de la nación, por lo que conviene evitar toda clase de descalificaciones políticas sobre los que están sentados en la mesa en La Habana.

En orden a las consecuencias que ha tenido el conflicto armado colombiano para la misma República y para la región latinoamericana, es muy doloroso ver a nacionales colombianos dispersos por todo el continente; muchos de ellos desplazados, empobrecidos, desposeídos de sus bienes, aislados de sus seres queridos, desarraigados de una vida social, y sin la esperanza de recuperar la vida que han dejado. Al menos así lo puedo ver desde Chile, país donde he vivido estos últimos años, y en donde he tenido la experiencia personal de estar con muchos de mis connacionales. He podido conversar con algunos de ellos y escuchar sus desgarradoras historias. Ello me ha llenado de un profundo sentimiento de dolor. Detengamos esto por favor.

Apoyemos todos, el proceso de paz, cada uno haciendo lo que le corresponde desde su propio rol. Sin embargo, la mayor responsabilidad le corresponde a toda la clase política y empresarial: ellos impulsan la opinión del país, y deben salir de su propio interés, dándose cuenta de qué es lo que le corresponde a un país que está en guerra. Dios quiera que abandonen su orgullo y deseo de sacar ventaja para que nuestra Patria pueda nacer de nuevo.

[1] Las dos facciones políticas mayoritarias: el Uribismo (seguidores políticos del presidente Uribe) y el Santismo (seguidores políticos del presidente Santos) se han distanciado en la forma de concebir la solución al conflicto armado colombiano. Mientras el Uribismo cree que la salida pasa por fortalecer el pie de fuerza militar, para hostigar y confrontar en ataques a la guerrilla, el Santismo considera que la salida debe ser concertada, negociada y, por lo tanto, dialogada. La diferencia en estas dos concepciones también ha tenido repercusiones económicas: involucra una cifra de más de mil de millones de dólares invertidos durante cada periodo de gobierno en gastos militares.

[2] El falso positivo consiste en el asesinato de personas inocentes, presentando sus cuerpos ante las autoridades y haciéndolos pasar por soldados caídos en combate frontal contra las fuerzas armadas del Estado, con el fin de aumentar las cifras de aciertos militares, ante un gobierno que exige resultados a las cúpulas del poder militar. Para lograrlo, se alteran las pruebas de investigación sobre el crimen,  tales como vestirlos con ropas de uniforme de guerrilleros, ponerles armas en sus manos, y borrar de algún modo su verdadera identidad. Son considerados crímenes de lesa humanidad; pese a ello han sido practicados por el aparato militar del Estado.

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