Potencial etnocidio en el sureste mexicano.

Enero_2013_LOPerezSJ

cc archivo SIPAZ

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está financiando la construcción del parque eólico más grande de América Latina en territorio de los indígenas mexicanos: ikojts y zapotecos. Se argumenta que su construcción permitirá generar energía limpia y producirá un “derrame” económico en beneficio de la población del istmo de Tehuantepec, ubicado en el sureño estado de Oaxaca. Sin embargo, no se toman en cuenta los graves daños al tejido social y el potencial etnocidio que esta obra puede provocar.

De acuerdo con la Declaración de San José sobre el Etnocidio y Desarrollo (1982), “el etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua”. En el territorio donde se pretende construir el parque, están situados lugares sagrados por estas etnias desde tiempos ancestrales. En esa porción de tierra la comunidad encuentra el corazón que los reúne como pueblo; allí tiene sentido la existencia, el origen y el destino de la vida. La seguridad ante la incertidumbre del futuro la encuentran orando en ese lugar. Agradecer el alimento, pedir una vida próspera para la comunidad y reconocerse como creaturas indispensablemente ligadas a la madre naturaleza, es parte de su cultura. Sin territorio no hay cultura. Convertir ese lugar sagrado en una zona de venta de energía eléctrica sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, es sencillamente negarles disfrutar, desarrollar y transmitir parte fundamental de su cultura. Estamos ante un potencial etnocidio.

¿Por qué sostenemos que no hay un consentimiento libre, previo e informado?

Es importante señalar que los derechos indígenas son derechos colectivos: las decisiones sobre el uso y destino del territorio son discutidas y asumidas desde la colectividad, desde el foro de diálogo llamado “asamblea”.

En enero de 2012, la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, una de las comunidades indígenas afectadas, decidió destituir a una de sus autoridades, después de que se revelara que había recibido alrededor de veinte millones de pesos mexicanos (más de un millón de USD aproximadamente) por iniciar uno de los trámites más importantes para comenzar la construcción del negocio en la zona, sin consultar previamente a la población. Este hecho destapó la cloaca: la información sobre la magnitud del proyecto y sus repercusiones en la cultura salieron a la luz.

Además del BID, están involucrados el fondo de inversión australiano Macquarie, la empresa japonesa Mitsubishi, el grupo empresarial FEMSA -que representa a Coca Cola en México- y el fondo de pensiones holandés PGGM. La responsable de promover la inversión en nombre de los señalados ha sido la empresa española Mareña Renovables, que en octubre de 2012, en conferencia de prensa reconoció que los indígenas estaban desinformados y que por ello se había contratado “un despacho especializado para iniciar una campaña de difusión entre los indígenas sobre el funcionamiento del parque eólico y sus beneficios” (La Jornada, 19/10/12).

Organizaciones civiles locales y nacionales en alianza con las comunidades afectadas y otras tantas que han solidarizado, han emprendido una serie de acciones legales y de difusión, para manifestar su desacuerdo con la implementación de este negocio multimillonario que ha sido respaldado por políticos del Estado, policías y grupos de choque organizados expresamente para estos fines.

En el Foro Internacional de Energías Renovables, celebrado en la ciudad de Oaxaca en septiembre de 2012, el gobernador Gabino Cué aseguró que “su administración no permitirá el desarrollo de un proyecto eólico en el istmo de Tehuantepec sin el consentimiento de los pueblos originarios” (La Jornada, 26/09/12).  Cuatro meses después, seguimos esperando que haga cumplir las leyes  locales e internacionales que tutelan los derechos indígenas en el Estado; de lo contrario, la responsabilidad del potencial etnocidio recaerá sobre él y las demás autoridades competentes. La solución es sencilla, los derechos reconocidos de los indígenas se deben hacer respetar. Si no pueden garantizar esto, que renuncien.

La visión del mundo en que lo único que importa es hacer negocio, se ve enfrentada contra la cosmovisión ikojts, que no considera al viento como una mercancín, y mucho menos como un recurso que está en venta. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene la obligación de cancelar el crédito para financiar dicho negocio, porque respetar las leyes que protegen a la cultura ikojts no es cuestión de apatías o simpatías, es cuestión de orden ético y legal. El etnocidio puede y debe ser evitado.

Mexicano. Abogado. Estudiante jesuita en la etapa de Teología.

Sus columnas en TAbierto

Artículos relacionados

Importante: Recuerda que, al comentar una columna, aceptas las reglas y directrices de nuestro blog. Todos los comentarios serán sometidos a moderación por parte del equipo editorial.