El Pueblo de Dios al que hemos herido

Muy oportuna es la discusión que, a propósito de la carta del Papa, se ha producido con respecto a los abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes y religiosos en la Iglesia Católica. Propongo aquí algunas ideas que pueden contribuir en esta conversación necesaria para nuestra Iglesia y para la sociedad chilena.

Comparto la afirmación de la edición de marzo-abril de la revista jesuita Mensaje, que asegura que “solo debido a las denuncias ha sido posible darse cuenta de situaciones dramáticas y criminales, y, por ende, encontrar caminos de reparación y prevención”.

No me parece adecuado, sin embargo, decir que estos dolores de la Iglesia la ponen en un “contexto de Semana Santa”, ya que la Pasión sufrida por El Único Inocente, Jesucristo, no es analogable a las consecuencias de estos delitos.

Jesucristo sufre las heridas que provocan los pecados de quienes lo traicionan, juzgan y asesinan. Las heridas de la Iglesia son consecuencia de sus propios pecados; y no sólo porque han sido cometidos por sus miembros, sino porque, además, sus autores han sido generalmente los pastores del Pueblo de Dios.

También se ha discutido sobre la publicidad de los procesos con que se han abordado estos casos. Se afirma que esta publicidad no necesariamente forma parte de la justicia, ya que la primera dependería de la voluntad de la víctima. Por supuesto que “en el caso de abuso sexual, la víctima tiene todo el derecho de exigir privacidad”, sin embargo, este derecho puede ejercerse solo en cuanto no afecte otros derechos. Por ejemplo, no podría mantenerse el anonimato frente al acusado, porque le impediría defenderse. Por otro lado, ¿por qué la identidad de la víctima quedaría necesariamente expuesta en caso que se informe el nombre del delincuente?

Además, en la práctica, una petición de “secreto” no puede cumplirse de modo absoluto, ya que quien recibe la denuncia debe iniciar una investigación previa, y esto supone informar a otros sobre la misma, a fin de obtener información y oír al denunciado. Luego, en caso de haberse cometido un delito de abuso sexual a menores se aplicará una sanción al responsable, la que normalmente se reflejará en hechos externos, perceptibles por terceros.

En los casos de abuso sexual no parece que el reclamo sea “que todo tiene que hacerse público o que la sociedad tiene el derecho de saberlo todo”. No se trata de “todo”, sino de información muy acotada: por ejemplo, la identidad del condenado; quien es, además, un servidor de la comunidad, y en quien, por su función, esta confía.

Sobre el riesgo de “caer en la trampa nociva de una justicia medial” -como afirma Mensaje, en el número ya citado- es cierto que nuestra sociedad tiende a juzgar teniendo presente solo las acusaciones informadas por los medios y prescindiendo de la presunción de inocencia del acusado; sin embargo, este es un defecto de quienes juzgan y no de la publicidad por sí misma.

En el ámbito eclesial cabría preguntarse si la demanda de información no es una justificada reacción al secretismo y a los eufemismos con la que la autoridad suele tratar estos temas.

Si bien Mensaje considera que la publicidad “tiene ventajas pedagógicas de prevención”, no se trataría solo de una ventaja pedagógica. Precisamente por las malas prácticas, de traslados y protección de la supuesta honra[1] del condenado, el Pueblo de Dios no confía en que la sanción será proporcional al delito cometido, ni que se adoptarán todas las medidas para evitar la comisión de nuevos delitos.

En materia de publicidad, la Congregación de la Doctrina de la Fe, incluso en las causas que afectan a obispos, ha informado públicamente de las condenas; lo mismo el Arzobispado de Santiago y las congregaciones religiosas. ¿Por qué este no podría ser un modo habitual de proceder en la Iglesia?

Los padres tampoco quieren saberlo “todo”, sino asegurarse que los condenados no estén entre quienes educan o asisten espiritualmente a sus hijos[2].

La sociedad civil aprobó el año 2012 la creación de un registro de “inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad”, destinada a incluir a todos quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, y que pueden consultar quienes deseen contratar a un educador. ¿En el ámbito eclesial no debería existir algo semejante?

En materia de publicidad, la Congregación de la Doctrina de la Fe, incluso en las causas que afectan a obispos, ha informado públicamente de las condenas[3]; lo mismo el Arzobispado de Santiago y las congregaciones religiosas[4]. ¿Por qué este no podría ser un modo habitual de proceder en la Iglesia?

Además, existen precedentes en los que la Santa Sede ha dispuesto la entrega de la información, recogida en el proceso canónico, a la justicia civil[5], que investiga algún delito cometido por clérigos.

Otro tema relevante refiere a los modos de practicar la justicia. El muchas veces minusvalorado Derecho Canónico, ofrece alternativas que en el medio chileno no han sido suficientemente utilizadas por quienes creen actuar con estricto apego a este. Así, la investigación previa podría ser confiada a un laico, hombre o mujer; exhortarse a los investigadores a ejercer la dimensión inquisitiva (solicitar testimonios, informes y otras pruebas), y, en caso de juicio penal, la misma sentencia puede disponer las medidas de reparación.

Por otra parte, el papa Francisco ha alentado para que no sólo se juzgue al que comete el abuso, sino también a quienes, estando obligados a ello por su cargo en la Iglesia, no protegieron a las víctimas o encubrieron el delito[6]; cuestión que habitualmente no sucede.

“Formar una comisión nacional formada por profesionales irreprochables y de buena reputación para que se presenten todas las denuncias contra los ministros de la Iglesia”, propone la editorial citada de revista Mensaje. Es interesante, pero insuficiente, porque lo habitual es que estas comisiones convoquen a las víctimas para que  informen de los abusos sufridos, poniendo -como ha sido la tónica- todo el peso de la solución de la crisis en sus hombros. Otro escenario se conformaría si a la comisión se le concedieran facultades para investigar y pedir la entrega de información interna.

Nos parece que hoy, quienes están constituidos en autoridad en la Iglesia deben, de propia iniciativa, recabar la información sobre abusos cometidos; no sólo los recientes, sino también los del pasado, especialmente aquellos que en su oportunidad fueron denunciados o conocidos y silenciados.

Por otra parte, la protección no debe limitarse a los menores. Es necesario extenderla a los adultos vulnerables. “Un adulto vulnerable puede ser cualquier persona que se encuentra en una relación pastoral o de ayuda con otra persona donde existe un poder unilateral. Por ejemplo, relaciones como las que existen entre un profesor y un estudiante, un acompañante espiritual y su acompañado, un psicoterapeuta y su cliente, un médico y su paciente; todas estas son relaciones de ayuda en las que una persona tiene poder sobre la otra. Independientemente de la edad, consentimiento y disposición del adulto en este tipo de relación, quien presta el servicio es responsable de mantener siempre los límites profesionales[7]”.

La desolación espiritual que podamos experimentar nos llama a revisar nuestra coherencia de vida y volver a poner nuestra confianza sólo en Él; la consolación es una gracia que el Señor concede. No sería apropiado que procuremos los consuelos privándonos de este examen.

Esperemos que, en adelante, y sin necesidad de hechos extraordinarios, perseveremos en la reflexión sobre los abusos sexuales en la Iglesia, para que ella sea un espacio seguro para nuestros niños y niñas, adolescentes y adultos vulnerables.

[1] La honra es un bien protegido hasta que se condena al acusado; en tal caso, en lo que respecta al delito, no puede exigirse que este no afecte la honra del condenado, porque él mismo la ha dañado.

[2] “Solo el 26% de aquellos que son padres desearían que sus hijos se eduquen en un colegio religioso”, afirma la editorial de revista Mensaje de marzo-abril pasados, citando la encuesta PUC-Adimark de 2017.

[3] Cfr. Sentencia contra el Arzobispo de Agaña, en la isla de Guam (Océano Pacífico) http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/16/0201/00436.html

[4] En el paradigmático caso Karadima  http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4058; Provincia Mercedaria http://documentos.iglesia.cl/documento.php?id=4337; Compañía de Jesús, comunicado sobre investigación previa https://www.jesuitas.cl/comunicado-la-compania-jesus/

[5] Cfr. http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/item/6133-nota-de-prensa-del-arzobispado-de-granada.

[6] http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html

[7] Paul J. Ashton, Prevención y disminución del abuso contra adultos vulnerables, en: Scicluna, Zollner y Ayotte (eds.) Abuso sexual contra menores en la Iglesia, Sal Terrae, 2012. pp. 242 y 243.

Hermano jesuita, abogado, licenciado y Magíster UC, profesor de Derecho Constitucional.

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