¿Qué puede aportar la Iglesia a la valoración de la democracia?

Uno de los principales tópicos de discusión actual en los campos de la filosofía y la ciencia política es la constatación de la crisis de la democracia representativa. Existe enormidad de bibliotecas que exploran las causas de la crisis, buscando, al mismo tiempo, soluciones desde diversas corrientes y tradiciones políticas; todas ellas concuerdan en que la ruptura en la valoración de la representatividad se debe a un incumplimiento de las expectativas que la ciudadanía tenía con respecto a su funcionamiento.

En ese sentido, la experiencia latinoamericana nos puede servir de ejemplo. Luego de las restauraciones democráticas de los ochenta –impactadas, de paso, por una serie de dificultades económicas-, en los noventa se desarrollaron diversas políticas que, haciendo énfasis en la estabilidad económica y los equilibrios fiscales, dejaron de lado una serie de demandas sociales de sectores que quedaron desfasados de esta modernización que se prometía. Esto dejó un primer desencanto en la restauración democrática de finales de siglo, posibilitando la llegada de gobiernos autodenominados progresistas que, tomando estas demandas insatisfechas, construyeron su agenda política sobre las mismas. Si bien al inicio tuvieron relativo éxito en su cumplimiento -mediante la transferencia de recursos y el reconocimiento de los derechos incumplidos-, no fueron capaces de generar un encantamiento democrático. El uso indiscriminado de los recursos públicos, las acusaciones de corrupción, las prácticas autoritarias y de corte populistas, el bajo desarrollo institucional y el aumento de la brecha social y de la inseguridad pública fueron  los resultados visibles de estos experimentos. Pese a la frustración, no existió por parte de la ciudadanía un deseo de volver hacia atrás, con soluciones autoritarias o económicamente irresponsables ya que creció en la conciencia ciudadana la necesidad de una auténtica y efectiva democracia, basada una elevada probidad ética, buenas prácticas institucionales y el respeto de los derechos y obligaciones de todos los participantes del contrato social.

Ante el peligro de confundir la democracia con relativismo e indiferencia de valores y un individualismo mal entendido, nuestra tradición nos recuerda que una auténtica democracia no es respeto formal de reglas, sino la “aceptación convencida de los valores (…) la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política” (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, 407).

De esta manera, hoy se nos presenta como desafío al interior de nuestras sociedades la necesidad de reconstruir confianzas, teniendo en cuenta que la verdadera justicia se da, al decir de John Rawls, en una “sociedad bien ordenada”. Para que ocurra, son necesarias dos cosas: la primera, una república fuerte en donde se dé la división de poderes, el respeto de las leyes y el control de gobernantes a gobernados. La segunda, una visión de desarrollo que sea mayor al mero crecimiento económico y que resguarde la libertad de los ciudadanos asegurando su capacidad de agencia y participación.

Ante este desafío, como Iglesia podemos aportar al debate público con nuestra comprensión de la sociedad. Propongo hacer especial énfasis en dos cosas. En primer lugar, velar por la existencia de un pluralismo moral, que nos obliga a dialogar de manera pública y a no influir con prácticas de lobby para evitar la aprobación de leyes contrarias a nuestra visión de mundo. En segundo lugar, siendo realmente conscientes de nuestra rica tradición en una propuesta de vida buena. En ese sentido, la Iglesia, al aportar su visión, cumple un doble cometido: por una parte, exhorta a los creyentes a trabajar por ser mejores ciudadanos, y, por la otra, propone al resto de los ciudadanos un fortalecimiento de las convicciones democráticas, sumando así al bien común. Por tanto, ante el desencanto de la democracia, la Iglesia nos recuerda que “este sistema nos asegura la participación de los ciudadanos en la posibilidad de elegir y controlar sus propios gobernantes” (Centesimus annus, 46). Por otra parte, ante el peligro de confundir la democracia con relativismo e indiferencia de valores y un individualismo mal entendido, nuestra tradición nos recuerda que una auténtica democracia no es respeto formal de reglas, sino la “aceptación convencida de los valores (…) la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política” (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, 407). Ante la destrucción del Estado de derecho por parte de los gobiernos autócratas y populistas, se nos recuerda que “el Estado de derecho tiene como soberana a la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres” (Centesimus annus, 44).

Como podemos ver, la Iglesia no posee una solución técnica ante los problemas, sino que con su mensaje de fe “orienta la mente a soluciones plenamente humanas” (Gaudium et Spes, 11). Sin embargo, dada la realidad de nuestro continente, en donde se conjuga un catolicismo fuerte con una institucionalidad débil, es nuestra responsabilidad como creyentes cooperar con nuestra reflexión y buenas prácticas a la construcción de la casa común.


Imagen: Charlotte Gonzalez / CC BY-NC

Jesuita de la Provincia Argentino-Uruguaya. Actualmente cursa estudios de Teología en la P. Universidad Católica de Chile y trabaja apostólicamente en CVX Jóvenes.

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