¿Reconciliar o excluir?

La hipocresía consiste en fingir sentimientos o cualidades contrarios a los que realmente se tienen. Desde saludar simulando afecto a esa persona que me cae mal, hasta preconizar contra la falta de honestidad y luego eludir impuestos.

Pues bien, en Chile, el discurso sobre seguridad ciudadana, cárceles y delincuencia es la hipocresía por antonomasia. Quizás, ésta se deba a la disímil importancia que asignan a cada uno de estos términos en la esfera pública, o quizás, a la disociación que hacen entre ambos conceptos, omitiendo que son parte de un mismo proceso marcado por la violencia y la exclusión. Lo cierto es que mientras nos escandalizamos por las condiciones carcelarias y hablamos de la necesidad de reinserción social, construimos un sistema penal -conformado por todas aquellas políticas de prevención, persecución y castigo del delito- que por definición excluye a aquellos que delinquen, cortando todos sus vínculos con la comunidad.

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, presentó a comienzos de febrero un nuevo informe sobre la situación de las cárceles en la Región Metropolitana. Sus conclusiones son tan conocidas como escandalosas: las condiciones penales actuales atentan contra la más básica dignidad humana. No quiero ahondar en la descripción que hace dicho informe, ni reiterar una reflexión sobre la inhumanidad de la vida en los recintos penales: la cárcel habla por sí misma, y la vida allí, de alguna manera, llega hasta nuestro conocimiento.

Todos sabemos lo que ocurre tras las rejas. Sin embargo, pese a las evitables tragedias de las que hemos sido testigos -como el incendio de la cárcel de San Miguel, en que murieron 81 internos-, las sentidas declaraciones al respecto parecen no tener mayor reflejo en la realidad. Los argumentos sobre la falta de presupuesto o la complejidad del problema son verdades a medias, cuya finalidad es esconder, tras apariencias de preocupación, nuestras auténticas intenciones: el desinterés por lo que sucede con aquellos que delinquen.

El modo en que diseñamos y aplicamos el sistema criminal revela este punto. Consideramos que aquel que transgrede la ley no es “de los nuestros” y, por lo tanto, le negamos la calidad de ciudadano, con los deberes y derechos que ello implica. Ejemplos sobran: la mayoritaria aceptación de las mal llamadas detenciones ciudadanas (que no son otra cosa que un linchamiento de varios contra un detenido en una plaza, hecho que queda sin reproche); los alegatos por la supuesta puerta giratoria[1] ; la inclusión del control de identidad preventivo en la llamada Agenda Corta Antidelincuencia; el certificado de antecedentes para la posterior búsqueda de trabajo; la privación del ejercicio al voto para aquellos detenidos en los penales.

Las conclusiones del informe de la Corte de Apelaciones sólo confirman lo anterior: el ingreso a una cárcel chilena no sólo conlleva la privación de libertad, sino un fuerte y negativo impacto en la higiene, salud, alimentación, actividad sexual, trabajo, seguridad e integridad personal, entre otros derechos básicos.

Las conclusiones del informe de la Corte de Apelaciones sólo confirman lo anterior: el ingreso a una cárcel chilena no sólo conlleva la privación de libertad, sino un fuerte y negativo impacto en la higiene, salud, alimentación, actividad sexual, trabajo, seguridad e integridad personal, entre otros derechos básicos.

No puede obviarse la paradoja que resulta cuando las mismas leyes que se exige cumplir, y en virtud de las cuales se está dispuesto a privar de libertad a una persona, no se aplican una vez que ella está en un recinto penal. Es sólo la confirmación de que el castigo penal, conlleva una suerte de disminución de categoría.

¿Dónde radica la hipocresía? Supongamos lo siguiente: si nos acusaran de evadir impuestos, ¿estaría dispuesto a ser detenido violentamente por nuestros vecinos? Si salgo a trotar sin mi carnet de identidad, ¿aceptaría que un policía revise mi identidad, y ante la falta de carnet, me detuviera hasta por cuatro horas en la comisaría? Si un compañero malintencionado me acusa de robo, abuso o un delito sexual, ¿me parecería justo permanecer meses en prisión preventiva en condiciones miserables, comer sin los implementos para ello o vivir hacinado entre desechos? ¿Estoy dispuesto a aceptar -como dice expresamente el texto de la Agenda Corta- que a mayor tiempo en la cárcel, mayores posibilidades de reinserción?

En buenas cuentas, hemos construido un sistema criminal desde la lógica de la peligrosidad del delincuente, en lugar de la lógica del reproche justo y la reparación. En vez de reconocerlo, reconciliarlo y re-vincularlo, el sistema opera como mecanismo de exclusión. En otras palabras, a la persona encarcelada se le despoja de su categoría de ciudadano convirtiéndola en un “ajeno” al grupo, que no goza de los mismos derechos, si es que no se la trata directamente como a un enemigo.

Finalmente, lo que hacemos es fingir una falsa preocupación, en virtud de la cual imponemos a los internos la obligación de “reinsertarse” en aquella comunidad, que muchas veces los hizo víctimas de un círculo de violencia y exclusión. Esa misma comunidad, que en lugar de ofrecerles un castigo digno y racional, acorde a su condición humana, les niega su calidad de co-ciudadanos y sus más básicas condiciones de vida. Se trata así de un fracaso ante el cuestionamiento central del Evangelio: “cuando tuve hambre, ¿me diste de comer?, cuando estuve preso, ¿me visitasteis?”

Esa pregunta encierra la condena a la hipocresía y al fariseísmo. No es una pregunta sobre caridad o misericordia, ni se trata de una invitación a realizar buenas acciones, por buena voluntad, si acaso contamos con los medios. A través de ese cuestionamiento, Cristo mueve el criterio hacia la justicia: ¿trataste al otro como tu hermano, como quisieras ser tratado? ¿Reconociste y respetaste esa dignidad sustancial a todo ser humano? ¿Eres constructor de vida o partícipe de la exclusión?

Nuestro sistema penal es degradante, injusto e inhumano. Esta realidad nos interpela: ¿somos cómplices pasivos del mismo? Detrás de esta pregunta, en definitiva, está el saber si creemos que la dignidad humana se mantiene pese al castigo; si además del justo reproche a quien rompe las leyes, estamos dispuestos a restaurar y reparar. En otras palabras, ¿deseamos reconciliar o excluir al ser humano?

Seguir lamentándonos por la situación carcelaria, sin hacernos estas preguntas, pueden ser sin duda muestra de buenas intenciones, con cierto olor a hipocresía.

[1] Denominación peyorativa que se da para los casos en que verificada una detención, el imputado no queda inmediatamente preso durante el proceso, por no haber operado los supuestos de la prisión preventiva.

Chileno. Abogado UC. Ex Director de la Escuela Sindical de Infocap. Profesor ayudante de Derecho Penal. Trabaja actualmente como abogado en litigios.

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