Resumen de noticias

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Hecho 1: Trabajo en una institución en la que capacitamos trabajadores, y, desde hace poco, hemos desarrollado un trabajo con internos de distintos centros penitenciarios. Pese a que han completado, voluntaria y libremente, un arduo proceso de formación, al momento de ir a buscar trabajo son sistemáticamente rechazados por tener sus papeles “manchados”.

Hecho 2: La “Ley Hinzpeter”. Se consagra como delito con penas de varios años de cárcel a quienes cometan saqueos, desórdenes en la vía pública, tomas de instituciones privadas o públicas, o interrumpan el normal desarrollo de los servicios públicos, como suministros de servicios básicos, salud o, incluso, tránsito.

Hecho 3: Clásico sin público visitante, sujetos de polera alba detenidos en las calles de Las Condes. El mismo partido se ha jugado muchas veces en Independencia, en un estadio muy similar a San Carlos. Sin embargo, pese a la idéntica oposición de sus habitantes y autoridades, nunca se tomó una medida similar de parte de la misma Intendencia.

Hasta aquí, cada hecho podría perfectamente desarrollarse por sí solo hasta llenar una columna. Mi problema es que al reflexionar sobre ellos, llego reiteradamente a la misma conclusión: algo va mal.

Algo va mal porque el fundamento detrás de cada uno de estos hechos, aquel criterio rector que ha definido cada una de estas decisiones -y que se escurre por tantas otras- es una y otra vez el mismo: la alusión a los costos. La utilidad. Es muy caro invertir en los presos, y muy riesgoso asumir su contratación. ¿Por qué un empresario honesto debiese asumir el riego de contratar a alguien con antecedentes en su empresa? Es muy costoso e ineficiente seguir permitiendo  tomas y movilizaciones. Es muy riesgoso que suba una manga de flaites y pueda dañar la propiedad en un barrio residencial. Pero no lo es tanto si esto ocurre en La Florida o en Independencia.

Cuánta contradicción se encuentra implícita en todo esto…

Hablamos de reinserción social; de los estudiantes y la educación; de integración social y unidad. Pero, basta una mancha en la hoja de vida para privar a miles de personas de la principal herramienta de cohesión e integración social: un trabajo digno. Hasta parece legítimo que el castigo continúe aún después de cumplir la pena: es el otro DICOM; sólo que este moroso no se redime pagando. No dudamos un segundo en poner al mismo nivel las tomas y marchas -sin querer justificar sus excesos- con saqueos y destrucción. ¿Qué habría pasado con Gandhi o Martin Luther King bajo esta lógica de pensamiento?

No dudamos en prohibir la entrada a un barrio a algunos pocos: mil carabineros para diez mil espectadores. Pero había que proteger esas casitas con reja y antejardín de las que algún día nos contaban en una canción. Triste cristalización de aquellas palabras de Orwell: parece que algunos ciudadanos somos más iguales que otros…

Como dice Judt, el problema está en la distancia entre la naturaleza intrínsecamente ética de la toma de decisiones públicas y el carácter utilitario de nuestro debate político-ciudadano. Es decir, en lugar de ponernos de acuerdo en cómo queremos vivir, llevamos la discusión al plano de los costos. Nuestro lenguaje es de medios para responder a la pregunta por los fines. Y terminamos construyendo una sociedad de comunidades cerradas, cuya principal función es mantener fuera a las demás personas, guardando nuestras ventajas para “los nuestros”. Maximizando las utilidades acorde a la racionalidad económica: una actualización de ese dicho popular que dice que “la caridad empieza por casa”. En resumen, apelamos constantemente a valores universales: democracia, justicia, libertad. Pero al momento de llenarlos de contenido, escondemos la cabeza. Nos falta una narración ética, y como nadie parece dispuesto a ofrecerla -porque irónicamente hacerlo también tiene costos- optamos por fijar la utilidad y la eficiencia como criterio rector. Ahí la discusión es siempre “técnica”, y nos permite salvar las preguntas de fondo.

Último hecho noticioso: durante estos días se llevó a cabo una marcha por “la alegría de ser católicos”. No puedo dejar de preguntarme si acaso ese grupo, y todo el resto de ciudadanos que nos declaramos católicos, estamos dispuestos a marchar, no por una autoproclamación, sino por aquellas causas que están verdaderamente en el fondo de la propuesta cristiana. Me pregunto si estamos dispuestos a pensar el mundo desde los excluidos: la frustración de no encontrar trabajo, esa indignación que me hace salir a protestar; la profunda humillación de ser detenido para evitar que ingrese en un barrio.

Me pregunto si estamos dispuestos a ofrecer  una narración ética que pueda ser discutida por todos, en lugar de esconder nuestras inconsecuencias en consideraciones económicas. ¿Tenemos un relato colectivo que ofrecer? La alegría de ser católicos, ¿tiene que ver con una declaración de fe particular que no nos incomode, o con la propuesta de un proyecto de sociedad determinado?

Gandhi decía que si los cristianos se comportaran como Cristo, no habría dudado en convertirse al cristianismo. ¿Utópico, irreal, ingenuo? ¿Inasible para una sociedad moderna y globalizada? ¿Ineficiente? Puede ser. Pero es así como termina este resumen de noticias: hablando precisamente de lo imposible… dicen que de lo otro ya se sabe demasiado.

* Diego es abogado de la P. Universidad Católica de Chile y actualmente trabaja en Infocap, la Universidad del Trabajador.

Chileno. Abogado UC. Ex Director de la Escuela Sindical de Infocap. Profesor ayudante de Derecho Penal. Trabaja actualmente como abogado en litigios.

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