Transgénicos: la trastienda de la controversia

(cc) Peter Blanchard

Meses atrás, el ministerio de Agricultura del Perú publicó un decreto que aprobaba el reglamento para permitir el ingreso al país de cultivos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Este decreto encendió el debate: desde los agricultores hasta los líderes de opinión de la sociedad civil, todos tenían una palabra al respecto. Finalmente, el gobierno de Alan García zanjó el tema observando la ley, al declarar una moratoria de diez años.

En la actualidad, el poder legislativo ha propuesto un proyecto de ley que propone la moratoria para estos cultivos por quince años, al considerar que éste es un tiempo prudente para mejorar la normativa, la capacitación y la infraestructura en lo referente a la “bioseguridad”. No obstante, la controversia sobre el uso de transgénicos en el Perú despertó discusiones bastante acaloradas sobre temas que es necesario tratar ahora, precisamente cuando hablamos de proteger, conservar y aprovechar las potencialidades de la biodiversidad, condición que el pueblo peruano considera como un rasgo distintivo de su cultura, y que el desarrollo debe considerar. Se hace necesario por tanto poner en relieve algunos temas fundamentales al momento de discutir sobre los transgénicos y su potencial -y polémico- ingreso al país.

Los transgénicos son organismos vivos modificados genéticamente (OMG), es decir, deliberadamente manipulados en su estructura genética a través de elaborados procesos de ingeniería, con el fin de otorgarles características deseadas por el fabricante, quien, a su vez, inscribe su “invención” por medio de una patente. Quienes hacen uso de esta tecnología deben asumir los costos de la investigación, y quienes quieran venderla, cargan con los costos de las regalías por derechos de propiedad intelectual.

La mayoría de los defensores de la biotecnología aplicada en este ámbito aducen que ésta tiene múltiples beneficios: mejora de las calidades nutritivas de los alimentos, los cultivos se hacen más resistentes a heladas o sequías, y se aumentan los rendimientos. Esto es cierto, sin embargo, se exagera cuando se afirma que con ellos se puede terminar con el  hambre y la pobreza del mundo.

Este discurso de beneficios y potencialidades no es nuevo. Norman Borlaug, galardonado con el premio Nobel en 1970 por sentar las bases de la denominada “revolución verde”, señalaba que la tecnología mecánica e hidráulica, la utilización de insumos químicos y de semillas mejoradas terminaría con los problemas de los países subdesarrollados. Sin embargo, en la actualidad, según la evaluación de los “Ecosistemas del Milenio”, el 60 por ciento de los “servicios” que los ecosistemas “proveen” están en proceso de degradación y/o son utilizados de manera no sostenible. Más aún, algunos se encuentran en estado irreversible, producto de los cambios tecnológicos de los últimos cincuenta años.

Por otra parte, los defensores de los transgénicos curiosamente argumentan que la agricultura es una de las actividades que más contaminan por el uso y producción de pesticidas. Sin embargo, las mismas empresas que desarrollan estos productos transgénicos también producen y comercializan los pesticidas.

Un ejemplo ilustrativo: las grandes áreas de cultivos transgénicos a nivel mundial corresponden a campos de soya, maíz y algodón. En el caso de la soya, la transgénesis le otorga características de resistencia al químico herbicida glifosato, cuya marca comercial es Roundup. El Roundup es un herbicida no selectivo, es decir, elimina todas las plantas con excepción de la soya transgénica. ¿Quién produce la soya transgénica? Monsanto. ¿Quién produce el Roundup? Monsanto. ¿Coincidencia? No. Y aquí lo pernicioso: los transgénicos permiten otorgarles características deseadas por el fabricante. En este caso, la Monsanto, fabricante de las semillas, hace una modificación transgénica para que éstas requieran el uso del herbicida que esta misma empresa produce.

La situación va más allá: la multinacional posee los suficientes recursos económicos para asumir los costos de investigación, los costos de transporte, los costos de comercialización y marketing a escala global, influir en los precios y “premiar” a funcionarios de los gobiernos para favorecer leyes de importación de sus semillas y sus productos. Es decir, mover una compleja red de intereses que van más allá de la clásica discusión entre “agrónomos sociales” y “biotecnólogos capitalistas”.

Así, no es verdad que con la siembra de transgénicos se vaya a disminuir el uso de pesticidas. Al contrario, investigaciones independientes afirman que se ha incrementado el uso de herbicidas como el glifosato y el 2,4 D, asociados a los cultivos transgénicos. El aumento en el uso de éstos, además, ha incrementado los efectos nocivos para la salud humana, produciendo irritaciones cutáneas, intoxicaciones y otras molestias.

Por otro lado, se dice que los cultivos transgénicos producen mejores rendimientos. Esto es discutible. El éxito de una especie está en función no sólo de sus genes sino que también de las adecuadas condiciones del medio en el que ésta se desarrolla. Por ello, el genotipo de una semilla transgénica no es garantía de que se den grandes rendimientos. Sin embargo, sí es seguro que un ecosistema cada vez más degradado no sólo influye negativamente en el agroecosistema, sino que también en otras actividades económicas, sociales y culturales.

¿Debemos o no consumir cultivos transgénicos? Es difícil saberlo. La soya, el maíz y el algodón transgénicos son cultivos que no se ingieren directamente en grandes cantidades. La mayoría de éstos terminan como materias primas para la ganadería intensiva y la industria alimentaria y textil. De allí que los defensores de los transgénicos señalen que no pueden prohibir el consumo, porque, de hecho, ya los consumimos. Sin embargo, los ciudadanos -o una sociedad responsable- tienen el deber de informarse adecuadamente, no sólo sobre lo que consumen sino que también sobre cómo se producen estos bienes. A su vez, deben ser capaces de exigir a sus autoridades medidas que regulen y sancionen a los responsables del uso de determinadas tecnologías en el caso de que éstas produzcan degradación ambiental.

Si bien la tecnología ha ayudado a elevar la calidad de vida de muchas personas en el mundo, también se la responsabiliza de la degradación de los ecosistemas. Esta nueva generación de semillas y el paquete tecnológico que lo acompaña no será la excepción. Es una tecnología creada para depender de los agrotóxicos, con respecto a la cual aún existe una gran incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de la “contaminación genética”. Los variados intereses económicos y extra científicos que existen enturbian aún más el cuadro: una tecnología lucrativa cuyas ramificaciones económicas influyen directa o indirectamente en las decisiones políticas de los Estados.

* Daniel es hermano jesuita e ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria La Molina. Actualmente está estudiando una Maestría en Desarrollo Ambiental en la P. Universidad Católica del Perú.

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