Una justa indignación

“La religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres: no es posible una injerencia espiritual en la vida personal”.
Papa Francisco.

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Primero que todo, no quisiera repetirme sin más sobre un tema ampliamente debatido y sobre el cual muchos y muchas se han sentido convocados a escribir y manifestarse, sin embargo, creo necesario insistir sobre algunos puntos y compartir con quienes han concurrido a la lectura de este escrito, parte de mi reacción frente a los hechos que a continuación describiré.

Días han pasado desde que el sitio web del diario The Clinic filtró una carta que el Presidente de la Conferencia Episcopal (CECH) y Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, junto al Secretario de la CECH, Monseñor Ignacio Ducasse, enviaron al Presidente Sebastián Piñera con la intención de evitar que el Estado de Chile suscriba y ratifique la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la 43ª Asamblea de la OEA.

Previamente, el día martes 15 de octubre, se publicó un comunicado de prensa en la web del Arzobispado de Santiago que refería a las razones que tuvo Ricardo Ezzati para no comparecer ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que examina las irregularidades de los hogares de menores vinculados a Sename, muchos de ellos dependientes de la Iglesia. En dicha nota, el Arzobispo señala, entre otros motivos, que “en virtud de la separación Iglesia-Estado, de ya larga data en nuestro país, me parece impropio pronunciarme sobre la organización y funcionamiento de un servicio público como Sename”.

Esto último fue uno de los argumentos que mayor revuelo causó en la opinión pública, haciéndose evidentes los cuestionamientos éticos y morales que se desprenden de tamaña inconsistencia, pues lo anterior es ciego a la práctica de claro intervencionismo y lobby que se dio con la carta. Lobby que, por lo demás,  tanto critican y cuestionan y que se da a espaldas de la ciudadanía y los feligreses. Con respecto al problema que implicó apelar a una tal separación entre la Iglesia y el Estado, circuló un cuestionamiento justo y necesario desde dentro de la Iglesia Católica, que recomiendo leer y hacer propio según lo que la consciencia y discernimiento de cada persona y/o comunidad abrace como propio.

En lo que a mí respecta, reconozco que no ha sido fácil sobreponerme a los hechos, ponderar mis emociones y las palabras que merecen situaciones tan brutales como éstas. Lo digo con propiedad y plena responsabilidad, no sin antes admitir que hubiese preferido no decir mucho y dejar las cosas tal como se fueron desarrollando durante la semana. Opté por lo contrario y de ello quiero hacerme cargo.

Lo primero, comprender qué sentido tiene la tremenda decepción que experimenté al enterarme de ambos acontecimientos. Mi ingenuidad no da para tanto y espero equivocarme en mis aspiraciones: sé que desde la Conferencia Episcopal no escucharé palabras favorables hacia proyectos de Ley que utilicen las categorías “orientación sexual” e “identidad de género”. Pese a que la Iglesia se ha manifestado en contra de cualquier tipo de discriminación, los alcances se hacen visibles toda vez que la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex) pretenden para sí ser reconocidos como familia y matrimonio, toda vez que nos preguntamos acerca de la conveniencia de incluir conceptos sobre diversidad sexual en las orientaciones curriculares de los Colegios, toda vez que debemos responder ante la agresión y/o muerte de una persona que debe justificar su existencia ante los demás.

Decepciona constatar que sea la Iglesia la institución que con más fuerza se ha opuesto a este tipo de situaciones; la que, paradójicamente, nos recuerda que no basta la categoría persona para comprometernos como sociedad con el respeto y cuidado de la vida humana amenazada: la de quienes se suicidan y son brutalmente agredidos, de quienes son expulsados de sus hogares y deben comparecer ante un Tribunal para recuperar la tuición de sus hijos, y la de quienes deben exhibir sus genitales delante de un organismo del Estado para acreditar que su nombre legal no se corresponde con el nuevo nombre elegido tras un proceso de cirugía y reasignación sexual. Otra es la discusión acerca de las libertades y derechos que la Iglesia quiere conservar y garantizar. Lo primero: la persona, su dignidad y cuidado irrestricto.

Nos cuidamos cuando soñamos con una Iglesia dialogante, con mesas de trabajo y reflexión entre los Obispos y el pueblo laical disperso en este mundo; con una Iglesia que deje de percibir como amenazante la existencia de quienes han elegido vivir sus vidas de modos distintos a los que nuestra comprensión limitada de lo humano nos ha revelado.

Decepciona que nos enteremos de este tipo de situaciones a través de la prensa, que por parte de la jerarquía de la Iglesia no existan la voluntad ni el ánimo de dialogar sinceramente con quienes son objeto de este tipo de señalamientos, sintonizar con sus demandas y prescindir del recurso de la autoridad como medio para intervenir, no solo en materias como las señaladas, sino también en las consciencias de muchos y muchas católicas.

Me pregunto por la asesoría comunicacional del Arzobispado y la Conferencia Episcopal, por el modo de gobierno de una Iglesia que no debiera imponer sus convicciones sin antes haber discernido como comunidad, laicos y laicas, religiosas y religiosos, cuáles son los pasos que Dios nos está pidiendo dar frente a las necesidades y demandas de nuestros hermanos homosexuales, bisexuales y transexuales, cuáles son las reformas que debemos emprender para escuchar de mejor manera lo que nos están diciendo. En definitiva, salir a su encuentro y no domesticar sus relatos a través de nuestro aparataje doctrinal.

Me atrevo a sugerir que las palabras de los Obispos que conforman el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal – aun cuando los cuestionamientos recaigan sobre quienes firmaron la carta, Ezzati y Ducasse – no necesariamente representan al “sensus fidelium” de la Iglesia, Pueblo de Dios, en sus esfuerzos por acoger gradualmente las demandas de respeto, inclusión y reconocimiento de la comunidad LGBTI. Benito Baranda y Samuel Yáñez lo explican muy bien en la columna que publicaron en El Mostrador al apelar al carácter dinámico de la verdad y la conceptualización de realidades que requieren tanto de nuestra creatividad para ser interpretadas, como de la acción afirmativa de Dios a través de la historia y su predilección por encarnarse en la realidad de quienes son excluidos y marginados.

Muchas veces he pensado cuidar mis esperanzas y dejar de exponerlas delante de situaciones que poco o nada contribuyen a mis esfuerzos por salvar lo que se nos propone desde intervenciones como las mencionadas. Hace tiempo ya, confirmé que el cuidado pasa también por levantar la voz y manifestar aquello que por razones más que justificadas preferimos callar. Nos cuidamos cuando soñamos con una Iglesia dialogante, con mesas de trabajo y reflexión entre los Obispos y el pueblo laical disperso en este mundo; con una Iglesia que deje de percibir como amenazante la existencia de quienes han elegido vivir sus vidas de modos distintos a los que nuestra comprensión limitada de lo humano nos ha revelado.

Con todo, nos cuidamos cuando arriesgamos la palabra y soñamos como comunidad con un país que acabe con todo tipo de situaciones que cuestionen la dignidad que tiene toda persona. Ojalá hagamos propia la certeza dogmática de la que hablaba Francisco en su entrevista: “Dios está en la vida de cada persona (…) Se puede y se debe buscar a Dios en toda vida humana. Aunque la vida de una persona sea terreno de espinas y hierbajos, alberga siempre un espacio en que puede crecer la buena semilla. Hay que fiarse de Dios” (p. 20).

Psicólogo Clínico. Docente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) de la Universidad Alberto Hurtado.

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